Promoting Communication for Social Change
| Argentina busca ley de radiodifusión que refleje la democracia |
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La Presidenta reiteró un concepto emitido en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo: que con la presentación de esta propuesta se paga "una vieja deuda de la democracia". Además, aseguró que el espíritu del proyecto no atiende a "una cuestión coyuntural", sino que "se trata de un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad y profundidad que va a permitir en un esquema de foros regionales debatir sobre un tema que es central, y que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión" y que "los bienes de carácter social" no sean "monopolizados por un sector o una empresa". "Nadie puede ser dueño de la palabra y la expresión de todo un pueblo", expresó la Jefa de Estado. La propuesta de proyecto de ley del Ejecutivo será debatida, durante 90 días, a lo largo y ancho del país a través de Foros regionales al que se sumarán organizaciones, universidades, municipios, la sociedad civil en pleno. Esta etapa se inicia el lunes 30 de marzo en las provincias del Litoral argentino. Recién después, cuando se hayan incluido las sugerencias y observaciones derivadas del consenso, será remitida al Parlamento. Ni bien se dio el anunció, estalló la discordia. Enseguida se hizo patente la resistencia de muchos sectores, tanto políticos como de medios. Nada de que asombrarse. ¿Por qué? Porque la ley vigente ha permitido la concentración de medios en pocas manos y el manejo casi absoluto -por parte de un puñado de empresas privadas- de la información y la agenda nacional social y política. La norma de 1980 tuvo, desde su surgimiento, algunas reformas que se concretaron a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. En 1989, en el marco de lo que el gobierno de Carlos Menem llamó Reforma del Estado, se introdujeron algunas modificaciones para facilitar los procesos de privatización de los medios de comunicación que estaban en manos del Estado, y se le añadió una cláusula que permitió al Poder Ejecutivo ejercer una cierta regularización de medios que estaban funcionando fuera de la ley. La década del 90, con sus políticas de liberalismo o neo-liberalismo económico, solo profundizaron y fomentaron los procesos de concentración, aumentando -según consigna el abogado Damián Loreti- un 600 por ciento el número de licencias que un licenciatario podía tener. El mismo especialista destaca que “sólo ocho ciudades de la Argentina tienen más de una oferta de televisión abierta. En ese contexto, el derecho al pluralismo es casi un eufemismo”. Con esta estructura legal y jurídica, el Grupo Clarín, claramente enfrentado con el gobierno de Fernández de Kirchner, se ha convertido en la corporación mediática líder en el país, con extensiones en otras empresas hispanas, y no es el único ejemplo[1]. Dentro de los aspectos más sustanciales que se pretenden modificar, se destaca el hecho de que, mientras que la ley vigente regula únicamente a los servicios abiertos de radio y televisión, la propuesta actual plantea otorgar marco legal a todos los servicios de comunicación audiovisual, independientemente del soporte técnico utilizado. Asimismo, la norma de la dictadura expresa que la libertad de expresión está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional; en tanto que la nueva pretende garantizar el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión, como lo prevé el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. La propuesta busca proteger el trabajo local mediante cuotas de pantalla destinadas al cine nacional. Se exigirá el 70 por ciento de producción nacional en las radios y el 60 por ciento en la televisión. Pero sin duda, uno de los avances más significativos tiene que ver con los licenciatarios: la ley actual expresa que la radiodifusión sólo se puede ejercer como actividad con fines de lucro; en tanto que ahora se busca reservar, con carácter inderogable, el 33 por ciento del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones, mutuales, entre otros. Este punto fue consensuado en el seno de la “Coalición por una Radiodifusión Democrática”, marco en el cual se debatió la problemática en todo el país. Los distintos sectores que conforman la Coalición, entre los que se encuentra WACC América Latina desde su inicio hace 5 años, coincidieron, entre otras cosas, en que “los planes técnicos deberán reservar al menos el 33 por ciento de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad”. A diferencia de la ley vigente, que permite y hasta favorece, la existencia de los monopolios y oligopolios de medios, la iniciativa oficial impide su formación y prevé que tanto el Estado Nacional, como las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, tendrán frecuencias asignadas.Asimismo, mientras que hasta ahora una sola persona puede ser titular de 24 licencias de servicios abiertos de radio y televisión, si la iniciativa oficial se transforma en ley, la cifra se reduciría a 10; en tanto que las licencias de televisión paga estarán limitadas en número y en cuotas de mercado. De ser así, las licencias durarán 10 años y se podrán prorrogar por 10 más, previa realización de audiencias públicas. Ver principales cambios a la Ley de Radiodifusión en el sitio : http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/923 [1] Ver Concentración de Medios en Argentina: www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/textos/tv_latina_times.doc Add this page to your favorite Social Bookmarking websites         
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