Promoviendo la comunicación para el cambio social
| El pasado amargo de El Salvador hechiza el presente |
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Por Philip Lee, Subdirector de Programas, WACC
Hay dos partidos políticos principales en El Salvador: el ARENA, de derecha, y el FMLN de extrema izquierda, la ex organización revolucionaria de la guerrilla. El ARENA ha sido asociado a asesinatos de brigadas de la muerte durante la guerra civil, pero el presidente Saca afirmó que su victoria fue 'un momento para olvidar todo lo pasado.' Él también se negó a pedir que se deroguen las leyes de amnistía que protegen a los anteriores oficiales de ser juzgados. Saca posee una de las muchas redes de emisoras en El Salvador, donde la libertad de prensa está garantizada por la constitución del país y donde los medios noticiosos critican libre y rutinariamente al gobierno, reportando las actividades de la oposición. En los años ’80, El Salvador fue devastado por una cruenta guerra civil que duró hasta 1992. La misma fue alimentada por groseras desigualdades entre una pequeña pero rica elite, la cual dominaba el gobierno y la economía, y la mayoría abrumadora de la población, muchos de los cuales vivías – y continúan viviendo – en una abyecta miseria. La guerra provocó unas 75,000 muertes y un daño económico estimado en 2 billones de dólares. En 1992, un acuerdo de paz negociado por las Naciones Unidas, puso fin a la guerra civil, pero ni bien El Salvador comenzaba a recuperarse fue golpeada por una serie de desastres naturales, entre los cuales el recordado huracán Mitch en 1998 y los terremotos del año 2001. Estos dejaron al menos a 1.200 personas muertas y más de un millón de personas sin hogar. Actualmente, la economía depende excesivamente del dinero enviado por salvadoreños/as que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Al final de la guerra, una Comisión por la Verdad registró más de 22,000 reclamos respecto de la violencia política que tuvo lugar entre enero de 1980 y julio de 1991: asesinatos sumarios, secuestro y tortura. Cerca del 85% de la violencia fue atribuida a los agentes del Estado, los grupos paramilitares, y las brigadas de la muerte. Las fuerzas armadas de El Salvador fueron acusadas (60 % de los reclamos), las fuerzas de seguridad (25 %), las escoltas militares y las unidades de defensa civil (20 %), las 'brigadas de las muerte' (más del 10 %), y el FMLN mismo (5 %). Pero la Comisión por la Verdad sólo tuvo tres meses para hacer su trabajo y muchas cosas permanecieron sin reportar. Según un informe de Amnistía Internacional (1985), las fuerzas de gobierno tiraban abiertamente cadáveres mutilados en un aparente esfuerzo para aterrorizar a la población. A pesar de que en su mayor parte mataban a los campesinos, las Fuerzas Armadas también asesinaban a cualquiera que estuviese sospechado de simpatizar con las guerrillas – el clero (hombres y mujeres), trabajadores laicos de la iglesia, activistas políticos, periodistas, sindicalistas, trabajadores médicos, estudiantes y docentes liberales, y los observadores de derechos humanos. El terrorismo del Estado fue desarrollado por las fuerzas de seguridad, el Ejército, la Milicia Nacional, y la Policía del Ministerio de Hacienda; sin embargo fueron las brigadas de la muerte las que le dieron al Gobierno la posibilidad de negar de alguna forma su responsabilidad por los asesinatos políticos. Generalmente, las brigadas de la muerte se vestían con ropa de civil y se movilizaban en vehículos anónimos (ventanas oscuras, placas del automóvil en blanco). Su marca de terrorismo incluía la publicación de listas de muerte de las futuras víctimas, el envío de ataúdes a futuras víctimas, y la entrega de una tarjeta de invitación a su propio funeral a las personas elegidas para ser asesinadas. A pesar de todo lo ocurrido durante la guerra civil, una Ley de Amnistía fue aprobada en 1993, proveyendo inmunidad en la prosecución de las causas a un gran número de militares acusados de crímenes contra los derechos humanos. La Ley benefició también a los líderes del FMLN, que para entonces se había convertido en un partido político legal. Los activistas de los derechos humanos y expertos de las Naciones Unidas ven esta Ley como el obstáculo más grande para fortalecer el respeto por los derechos humanos en El Salvador. Actualmente la WACC apoya dos proyectos cuya meta son ayudar a El Salvador a llegar a un acuerdo con su pasado. La primera parte es un documental acerca de los asesinatos en el Ingenio Colima, producido por el departamento audiovisual de la Universidad Centroamericana en El Salvador y dirigido por Oscar Orellasa (ver la nota: 'Documental revela atrocidades en El Salvador', del 8 de diciembre de 2008). El segundo proyecto apoya a CODEFAM, una asociación de las familias de las víctimas, con la finalidad de proveer capacitación en el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación que ayuden a construir páginas de Internet para los hombres y las mujeres que desaparecieron, y para desarrollar redes electrónicas nacionales e internacionales que refuerzan su solidaridad y sus campañas. En vista de las elecciones inminentes, CODEFAM recientemente realizó una declaración pública (10 de septiembre de 2008), publicada por la Comisión de Trabajo por los Derechos Humanos y la Memoria Histórica de El Salvador. En el contexto de las campañas electorales, lamenta el repetido llamad de los representantes y candidatos presidenciales de partidos políticos para conferirle 'legitimidad política' a la Ley de Amnistía de 1993. Los acusa de 'no escuchar las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil y de apegarse a posturas que permiten que la impunidad siga vigente.' La declaración denomina a la Ley de Amnistía como 'un de los actos más vergonzosos en la política Salvadoreña de posguerra', y expresa que es inaceptable que los ex líderes militares de alto rango, algunos de los cuales han sido identificados como responsable por los crímenes en contra de la humanidad y quienes todavía afrontan acusaciones criminales – o las han afrontado y las han evitado por medio de pruebas fraudulentas – amenacen, discriminen y muestren desdén público por las familias de las víctimas. La declaración afirma que 'las heridas no se curan por decreto y, para dar vuelta las páginas de la historia, estas primero tienen que ser leídas. La democracia, la paz y la reconciliación no se construyen en la sangre inocente de tantas víctimas, encubriendo la verdad, y en la impunidad de aquellos que practicaron el genocidio en El Salvador.' La WACC apoya firmemente el llamado a poner fin a la impunidad y a dar pasos concretos para restaurar la memoria histórica de El Salvador, a fin de que el país pueda empezar el largo proceso hacia la reconciliación. Fuente: http://www.memoriahistoricaelsalvador.org.sv/ Add this page to your favorite Social Bookmarking websites         
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