13 Sep 2014 Cuando la religión se pone del lado de la gente

Rolando Pérez, profesor del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, forma parte de uno de los equipos ganadores del concurso organizado por el Vicerrectorado de Investigación (VRI). También es el coordinador del estudio: “Nuevos roles de la religión en el Perú: Representaciones públicas y prácticas ciudadanas de Organizaciones Basadas en la Fe (OBF)”, que aborda la participación de las comunidades religiosas en el marco de los conflictos sociales, prestando especial interés a las formas de interacción, incidencia y legitimación en el espacio público.

La investigación cobra especial relevancia en estos días debido a la emergencia pública de sectores religiosos que buscan incidir en las políticas públicas, como es el caso del proyecto de ley de Unión Civil -presentado por el congresista Carlos Bruce- que ha generado acaloradas reacciones en contra, guiadas principalmente por colectividades religiosas. La situación nos lleva a plantearnos nuevamente una pregunta presente hace décadas en el debate político: ¿Debe la religión incidir (o intentar hacerlo) en las políticas públicas?

¿En qué consiste la investigación que viene coordinando y que ganó el concurso del VRI?

Este proyecto se inscribe en el marco del grupo interdisciplinario de investigación sobre estudios de la religión, del que soy miembro. Nuestro estudio se enfocará dos casos: las iniciativas ciudadanas en las regiones de Cajamarca y Junín. Investigaremos el rol que han jugado los actores vinculados a las iglesias –especialmente las católicas y evangélicas– en los conflictos socio-ambientales.

Lo que intenta la investigación es analizar los roles que estos actores han construido, sus formas de participación en la sociedad civil, la manera en que han ido re-significando sus concepciones y prácticas religiosas en su interacción con la sociedad civil en el ámbito público. Yo introduzco una lectura en relación al rol que juegan los medios de comunicación en ese proceso, porque lo que observamos es que la actuación pública de los actores religiosos en este escenario está notablemente marcada por un intenso proceso de mediatización.

Estos representantes religiosos no ostentan ningún cargo oficial ¿Cómo se introducen en el conflicto?

La mayoría de ellos son grupos vinculados a iglesias, pero participan en el espacio público sin adquirir necesariamente una representación oficial. Se inspiran en una manera de entender la fe que –según ellos– los lleva a asumir un rol ético en la sociedad. Estos actores asumen que desde su espiritualidad pueden participar en la creación o la promoción de valores significativos, como la justicia, los derechos humanos o la cultura de paz.

Es interesante porque es un modelo de participación pública o ciudadana nacido desde una frontera de las iglesias. En el caso de los conflictos socio ambientales, por ejemplo, en muchas regiones del país las parroquias locales tienen un rol importante en este sentido, y construyen una expresión eclesiástica cercana a las necesidades y demandas sociales de la gente. Pero, además de ellos hay otras expresiones laicas que no se han desvinculado de las iglesias y que están participando activamente en diversas redes de la sociedad civil.

¿Cuán espontáneos son? ¿Qué vínculos tienen con la iglesia oficial? ¿Cómo replantean su pertenencia a la institucionalidad eclesiástica? ¿A partir de que comprensión teológica o pastoral replantean su inserción en la sociedad civil y su participación en espacio público? ¿Qué tipo de estrategias comunicacionales han desarrollado? Eso es lo que queremos investigar.

Hay una idea de que lo que promueve la iglesia es más bien la pasividad política

¿Podemos reconocer alguna orientación política en estos grupos?

Estos grupos o líderes religiosos toman distancia de la participación política partidaria. Tienen, más bien, una perspectiva de participación en el quehacer político desde los espacios de la sociedad civil, es decir desde una perspectiva más ciudadana. No son movimientos que se adscriban a partidos o movimientos políticos.

Además, asumen su quehacer pastoral desde el acompañamiento a la gente, especialmente a aquellos que están en situación de exclusión o sufren por el atropello de sus derechos. En ese sentido, se distancian de las opciones religiosas fundamentalistas, que precisamente han ganado legitimidad pública en los últimos años y que buscan incidir en las políticas públicas desde determinadas agendas religiosas conservadoras.

En contraste, el sector religioso que nosotros estamos investigando hace parte de un movimiento mayor de actores eclesiásticos que vienen participando desde hace muchos años en espacios del Estado y la sociedad civil, como las Mesas de concertación para la lucha contra la pobreza, las iniciativas que se generaron para la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las campañas diversas de incidencia pública en defensa de los derechos humanos, entre otros.

¿Qué revelan hasta el momento sus investigaciones? ¿Esta participación es espontánea o responde a planes orquestados desde una cúpula?

En realidad hasta el momento hemos encontrado iniciativas de diverso tipo que trascienden las voces oficiales del catolicismo y las iglesias evangélicas. Muchos de ellos surgen de movimientos laicos, de grupos para-eclesiásticos que no se desvinculan necesariamente de sus congregaciones o parroquias, pero que reclaman espacios internos para el diálogo y para el debate público, así como otra manera de concebir la participación de los creyentes al interior de sus comunidades y más allá de ella.

En realidad muchos de ellos entran a la arena publica a partir de caminar con la gente y tener cercanía con sus necesidades y demandas. En ese sentido, observamos que para las organizaciones que estudiamos, los agentes de fe deberían estar siempre del lado de la gente, en especial de quienes son excluidos y atropellados en sus derechos.

¿Cuál es la percepción que estos actores tienen sobre los líderes religiosos que sí buscan un cargo público?

Las personas vinculadas a estos movimientos religiosos y ciudadanos creen que su función es afirmar valores y contribuir con una cultura de respeto a los derechos de la gente, a su dignidad humana, a la defensa de la vida, a condenar atropellos. Desde esta mirada, consideran que muchos políticos que aluden a la fe lo hacen solo pensando en intereses de poder políticos personales.

Para las organizaciones que estudiamos, los agentes de fe deberían estar siempre del lado de la gente, en especial de quienes son excluidos. El fundamentalismo no es parte de sus bases ni mucho menos la legitimación de un poder político. Lo que buscan es contribuir a crear espacios para una sociedad más inclusiva.

A pesar de eso, es cierto también que hay grupos religiosos que promueven un activismo basado en el fundamentalismo ¿Esta participación no representa un peligro para nuestros derechos?

Lo que hay que tomar en cuenta es que las iglesias no son homogéneas. Observamos hoy un intenso proceso de pluralismo y pluralización del campo religioso. Tanto en la iglesia católica como en las evangélicas hay posiciones variadas frente a muchos temas. Podemos encontrar sectores fundamentalistas, que buscan incidir en las políticas públicas desde su agenda religiosa, pero también sectores religiosos que trabajan para construir una sociedad más plural, donde se respeten las diferencias y los derechos de la gente.

El debate sobre la unión civil para parejas del mismo sexo da cuenta precisamente de eso. Aquí observamos grupos que la apoyan y quienes rechazan la propuesta. Creo que los fundamentalismos de cualquier tipo pueden representar una amenaza para construir una sociedad civilizada y democrática.

Frente a estos activismos fundamentalistas ¿Cuál debería ser la reacción del estado? ¿Debe darles carta libre o ponerles ciertos límites?

Creo que el Estado debería promover un debate más amplio sobre todos los temas que conciernen al bien público, donde se puedan apreciar las distintas voces y posturas de la sociedad, entre las que deberían estar presentes las diversas expresiones de las iglesias. Restringir las libertades siempre puede ser contraproducente e implicar un riesgo para la democracia. Lo que le toca al Estado es propiciar una cultura democrática y asegurar las condiciones de pluralismo ético y religioso en la sociedad, sobre la base de la afirmación y protección de los derechos.

En lo que toca a la sociedad civil, creyentes y no creyentes deberíamos promover una cultura de diálogo. Ahora mismo estamos frente al enorme riesgo de un resurgimiento de los fundamentalismos religiosos. Eso es muy peligroso. La religión debe contribuir a la democracia, nunca amenazarla.

Fuente: Boletín CONEXION del Departamento de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú.