13 May 2019 El derecho a la comunicación en relación al proceso de memoria, verdad y justicia

Bandera con los rostros de los Desaparecidos durante la manifestación en conmemoración al 35º aniversario del golpe de Estado en Argentina de 1976. Foto: Banfield 

Gisela Cardozo, Ayelén Colosimo, Lucía Gamper, Maia Jait, Florencia Kligman, Cecilia Vázquez Lareu¹

La lucha de los organismos de derechos humanos por el esclarecimiento histórico de los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor durante las décadas de 1970 y 1980 hace de la Argentina un país reconocido internacionalmente. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) es uno de los organismos históricos que comenzó su trabajo recopilando denuncias por desaparición forzada de personas y acompañando a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Desde entonces ha tenido un rol fundamental por la memoria, la verdad y la justicia. 

La memoria es una construcción social (Halbwach, 1968) que implica la elaboración del pasado desde el presente, articulándose en narrativas de memoria. Así, la construcción social de la memoria tiende un puente con las nuevas generaciones y funciona como una de las garantías de no repetición de la experiencias históricas traumáticas de nuestro pasado. La memoria como un derecho en permanente elaboración se reconstruye en constante movimiento, disputas y transformación. 

Quienes llevan a cabo la tarea de comunicar tienen un rol fundamental en la transmisión y construcción de estas narrativas, contribuyendo -o no- a la garantía del derecho a la verdad. En el ejercicio de este derecho, la comunicación aporta a la consolidación, profundización y fortalecimiento democrático. La comunicación es un campo en disputa, donde entran en contradicción distintos discursos, donde también confluyen y pugnan las memorias. Por eso, el fortalecimiento de la democracia implica que exista una pluralidad de voces informativas, que permitan la divulgación de discursos hegemónicos y contrahegemónicos en un marco de respeto. 

La comunicación como derecho humano no está así reflejado en los pactos y tratados internacionales; sin embargo, se reconocen dos derechos involucrados en el ejercicio y la garantía del derecho a la comunicación: el derecho a la libre expresión y el derecho a la información. Las regulaciones legales que atañen al derecho a la comunicación frecuentemente mantienen límites imprecisos y en ocasiones polémicos. La libertad de expresión debe contemplar límites éticos y responsables, que en el caso del tratamiento de temas sensibles implica, por ejemplo, respetar el dolor y la privacidad de las víctimas. 

En el marco del ejercicio del derecho a la información, es necesario garantizar el compromiso con la veracidad de las fuentes y fomentar la pluralidad de voces, permitiendo de esta manera la visibilización de todos los discursos y puntos de vista que circulan en la sociedad. El acceso a la información, a su vez, se encuentra atravesado por las regulaciones relativas a la propiedad de los medios de comunicación, por lo que requiere regulaciones precisas por parte de los Estados. 

El Estado es -por definición- el garante de los derechos humanos, por lo que está obligado a respetar, proteger y realizar estos derechos. El respeto al derecho a la comunicación está fuertemente relacionado con el respeto a la garantía de libertad de expresión y la protección se relaciona, por ejemplo, con las normativas y regulaciones para garantizar la pluralidad de voces. La promoción de políticas orientadas a la pluralidad informativa es un aspecto clave del deber estatal, que permiten los mecanismos que sustentan la democracia, la memoria y su constante reconstrucción. El Estado debe dar lugar para que las personas dedicadas a la comunicación actúen como un puente entre la información y la sociedad, haciendo posible así el ejercicio del derecho a la comunicación.

El proceso de memoria, verdad y justicia necesita de la labor periodística para ser visibilizado, alcanzando mayor participación de la población en dicho proceso, democratizando el debate y haciendo posible la construcción colectiva de la memoria. Por ello, resulta necesario fomentar, promover y asegurar el derecho a la información. Al democratizar la información, el proceso de memoria, verdad y justicia se vuelve accesible y plural. 

Labor esencial de los medios informativos
Los juicios por los crímenes de lesa humanidad² que continúan hoy en día, son instancias que demuestran que las consecuencias del terrorismo de Estado permanecen vigentes. Estos procesos judiciales se constituyen actualmente como productores de verdad, por lo cual son aportes fundamentales a la construcción social de la memoria. La información producida en estas instancias da cuenta de su relación pasado/presente. 

La apropiación de menores es un crimen que muestra claramente la permanencia del accionar del terrorismo de Estado en el presente. Se apropiaron ilegalmente cerca de 500 menores de edad durante la última dictadura cívico militar. Actualmente se considera que cerca de trescientas cincuenta personas aún no han recuperado su identidad, permanecen sin conocer su historia y sus familias no han podido restituirlas a su entorno. La labor de los medios informativos es esencial en este aspecto, no sólo para colaborar con la búsqueda sino también para estimular a aquellas personas que dudan de su identidad a acercarse a los organismos dedicados a esta tarea y poder así reconstruir sus historias.

La trasmisión del pasado a través de una comunicación responsable que logre visibilizar las responsabilidades aún hoy silenciadas, forma parte del fortalecimiento del proceso de memoria, verdad y justicia. Para que el plan sistemático de represión clandestina se desarrollara con la magnitud y alcance que tuvo, fue necesario determinado consenso social así como un importante apoyo institucional. La combinación y el enlace de los diferentes poderes estatales y no estatales entre sí, hicieron posible la ejecución del genocidio en nuestro país. Es clave poner luz sobre la participación de los grupos económicos de poder, así como la aplicación de un plan económico neoliberal a partir de la imposición del terrorismo estatal. Aunque la responsabilidad mediática no siempre sea explicitada, los medios tuvieron un rol histórico fundamental encubriendo, facilitando y operando junto a gobiernos genocidas en distintos países. 

Por otro lado, apuntar a la participación del poder judicial implica reconocer, a su vez, un accionar y una complicidad que continúan en el presente. Si al comunicar se pone el foco en el plano civil y económico, se facilita la comprensión de gran parte de los intereses que impulsaron la persecución, tortura y exterminio de manera sistemática. Cuando se comunica la participación de estos agentes, se permite la explicitación de los objetivos económicos, combatiendo los discursos que apelan a una supuesta irracionalidad de las personas que llevaron adelante los crímenes durante la dictadura.

En la actualidad, la mayor parte de las responsabilidades civiles en los crímenes de lesa humanidad no han sido juzgadas. Además, se asiste a un proceso de legitimación de los discursos negacionistas sobre el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, fortalecidos por una avanzada de gobiernos neoliberales en los países de América Latina. Considerando el retroceso en materia de derechos humanos que estas situaciones configuran, vale la pena poner el foco en el valor que tiene el derecho a la comunicación como herramienta fundamental para garantizar el derecho a la memoria. 

En los últimos años, se produjeron y reprodujeron declaraciones públicas que pusieron en duda la cantidad de personas detenidas desaparecidas, intentaron deslegitimar a los organismos de derechos humanos y se brindó visibilidad en los medios masivos de comunicación a discursos que intentan minimizar la violencia ejercida por el Estado durante la dictadura cívico-militar. 

El ejercicio de la memoria es inseparable de la existencia de una comunicación plural. En Argentina, garantizar pluralidad de voces permite que la información elaborada en el proceso de memoria, verdad y justicia pueda ocupar su lugar en la agenda mediática. Mientras ésta información sea visibilizada y comunicada, la sociedad tendrá más herramientas para participar activamente de la construcción de la memoria colectiva, conocer la verdad y exigir justicia. 

La consecución de los objetivos de desarrollo sostenible pareciera incompleta si no se incluye la capacidad de las personas y las comunidades para tener una voz pública. Trabajar en la defensa y garantía de la voz pública, implica centrarse en el ejercicio de los derechos a la comunicación, a la información y a la libre expresión, dando lugar a un ejercicio periodístico completo y libre de censuras, más aún en una coyuntura internacional atravesada por un proceso de fuerte retroceso en materia de derechos.

Notas
1. Integrantes de equipo de investigación del proyecto “El derecho a la comunicación en relación al proceso de memoria, verdad y justicia” WACC – APDH.

2. Nos referimos a los juicios contra los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en la última dictadura cívico militar en Argentina que siguen realizándose en nuestro país desde la reapertura de los juicios en 2003.