19 Nov 2020 Covid-19: Aquellos efectos adversos de los que no se habla

Por David Morales Alba

En Colombia, las cifras sobre el número de personas infectadas con la Covid-19, los casos activos, datos sobre fallecimientos y el índice de recuperación se han convertido en el mensaje diario de los medios de comunicación, en relación con el impacto del virus. Pareciera que estos datos son el nuevo indicador económico.

Es necesario reconocer la utilidad de esta información, su relevancia, en el campo de la epidemiología. Permite identificar las posibilidades de respuesta de los servicios de salud frente a los requerimientos de la situación.

Las autoridades sanitarias de Colombia han señalado que el país está entrando en la etapa crítica y se han implementado distintas acciones de prevención para reducir el incremento en el número de casos. No obstante, los espacios periodísticos informan que en Bogotá los servicios de atención ya están cercanos al colapso.

Al observar el impacto del virus en el país se encuentran otras regiones con situaciones críticas: Antioquia, Atlántico, Bolívar y Valle del Cauca, son las que presentan un mayor impacto. Si a ese escenario se suman la falta de atención para otras condiciones de salud, el diagnóstico señala que se requiere una planeación y reacción intensiva.

La dinámica informativa que ha trazado el impacto de la Covid-19, por razones que no requieren explicación, se ha centrado en la atención en salud para quienes se han visto afectados por el virus.

Sin embargo, se tienen otros requerimientos y situaciones que enfrentan las comunidades que deben estar en la agenda de los medios de comunicación y en la agenda ciudadana: falta de atención para tratamientos de personas con enfermedades crónicas, la entrega oportuna de medicamentos para quienes no pueden acercarse a los puntos de dispensación, la respuesta social que se gestiona desde la comunidades para enfrentar los efectos socio-económicos, las posibilidades que tiene a mano el gobierno para optimizar los recursos del sector salud y la inversión de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria, entre otros.

El acceso a la información financiera de la pandemia

El incremento del impacto del virus en las comunidades requiere de más equipos médicos, suficiente personal de salud y la expectativa de garantía de acceso a medicamentos que sean eficaces para el tratamiento de la infección, entre otros. En otras palabras, inversión en recursos.

Desde el Gobierno Nacional se han gestionado varios créditos internacionales para hacer frente al impacto de la Covid-19. El 31 de marzo, el Banco Mundial desembolsó US$250 millones para el país con tal propósito. Además, con el Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral se tramitaron otros 14 mil millones de dólares.

En junio, Rafael de la Cruz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, señaló a la revista Dinero que el BID le prestará a Colombia US$1.700 millones. Agregó que el Banco Mundial otorgará otros créditos por US$700 millones destinados a financiar la respuesta a la pandemia.

Estos préstamos llegan a los US$16.650 millones, deuda que tendremos que asumir los colombianos, a través de impuestos.

Ese paisaje económico incluye varias denuncias sobre corrupción en la celebración de contratos para brindar apoyo alimentario a las comunidades vulnerables, en sobrecostos de los productos que incluye el kit de ayuda, así como en la compra de implementos para los hospitales.

Al respecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana precisa que si antes no se sabía cuánta plata había destinado el Gobierno nacional para la atención en salud por la pandemia, ahora no se sabe en qué se está gastando el dinero destinado desde el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Precisa el Observatorio que para el 27 de julio desde el FOME no se había girado ningún recurso al Instituto Nacional de Salud y que hacia el Ministerio de Salud se han girado US$269,3 millones, aunque el Gobierno ha expresado en distintos escenarios que para la atención en salud destinará entre US$1.881,5 millones y US$2.150 millones.

¿Por qué el Gobierno no le cuenta a los colombianos cuánto dinero ha gastado en la atención en salud y en qué se lo ha gastado peso por peso? ¿Por qué no es posible determinar hacia dónde se está yendo el dinero? Estas son las preguntas que hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

En el informe “La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia”, del 21 de junio, el Observatorio señala que es difícil conocer la magnitud de los recursos destinados a Covid-19, no se tienen cuentas claras sobre el uso de esos dineros y hay una “ausencia total de un plan concreto de gasto”.

El informe expresa que la cantidad de dinero destinada a la emergencia es distinta, según la fuente del Gobierno que se consulte. En el sitio Web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentran 58 declaraciones oficiales del ministro y el viceministro. Al menos en dos se hace referencia a los recursos dispuestos.

El Observatorio precisa en su informe que el 29 de abril en un debate de control político en el Congreso de la República, el Ministro de Hacienda afirmó que se han invertido US$8.062,5. El 27 de mayo, durante una intervención del Presidente de la República, el Viceministro dijo que se han invertido US$31.444 millones. Una diferencia de US$23.381 millones en un mes.

El informe concluye que se encuentra una gran diferencia entre las cifras que el gobierno comparte en las declaraciones públicas y la información que se puede verificar. “La dificultad misma de hacer esta verificación – que requiere una dedicación de varios días por parte del analista, tiempo que la mayor parte de los ciudadanos no pueden tomarse – va en contra del espíritu del principio de la proactividad en la divulgación de la información sobre el gasto público consagrada en la Ley de transparencia”, precisa el documento del Observatorio.

“Para intentar entender cómo se están usando los recursos públicos, es necesario consultar distintas fuentes oficiales de consulta pública, que están en formatos que dificultan su entendimiento por quienes no están familiarizados con la contabilidad del Estado”, expresa el documento en sus conclusiones.

Una opción para optimizar los recursos del Sector Salud

El Gobierno tiene a su alcance una fuente de recursos para responder a la Covid-19 y también favorecer a las personas afectadas por la hepatitis C (VHC): Declarar de interés público los medicamentos requeridos para su tratamiento.

En 2015, la Fundación IFARMA solicitó al Ministerio de Salud declarar de interés público estos medicamentos y en 2017 el Ministerio informó sobre el inicio del proceso administrativo correspondiente. Tres años después del anuncio, la acción administrativa no avanza.

En 2017 el Ministerio realizó la compra centralizada de medicamentos a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), operación que facilitó pasar de US$26.875 por tratamiento (2015) a US$4.703 / tratamiento.

En 2019, la OPS ofreció un tratamiento genérico equivalente y precalificado por la Organización Mundial de la Salud con un precio de US$129, costo 34 veces menor que el que se logró con la compra centralizada. Esto representa un ahorro de US$3.923 por paciente.

Al beneficio de la OPS pueden acceder los países donde los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C no tengan patentes vigentes, situación que no cumple Colombia y que impide ofrecer el tratamiento, con un menor costo y mayor cobertura, liberando recursos para atender a las personas afectadas por la Covid-19. Esta situación se puede corregir declarando de interés público los medicamentos y procediendo a expedir licencias obligatorias para uso público no comercial.

Los efectos colaterales de la Covid-19

En el marco de la emergencia sanitaria que el Gobierno decretó en marzo de 2020, el Ministerio de Salud estableció que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los habitantes de calle, las víctimas de la violencia, los grupos étnicos, la población con discapacidad y las personas que viven con una enfermedad crónica son grupos prioritarios para recibir atención telefónica, virtual y domiciliaria.

Al indagar sobre los efectos de la situación en la prestación de servicios de salud para los grupos considerados prioritarios, la realidad que se encuentra es algo diferente.

Las barreras para la entrega de medicamentos, demoras en la autorización de procedimientos y asignación de citas médicas para atender otras enfermedades, y la falta de personal especializado, son algunas de las situaciones que se presentan en las distintas regiones del país.

En algunos meses estaremos enfrentando los efectos de la Covid-19 en la población contagiada y recuperada, así como las consecuencias en la salud de quienes no recibieron la atención que requiere una enfermedad crónica.

En este sentido, la Procuraduría General de la Nación señaló que la atención de Covid-19 no puede ser excusa para la desatención de otras patologías que podrían convertirse en causas de mortalidad para la población de especial protección, tal como los adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas.

[1 de agosto de 2020]

Luis David Morales Alba dirige la Fundación Comunicación Positiva en Colombia, que promueve la información como forma de garantizar los derechos de los pacientes.

Foto: Felipe Mahecha/Shutterstock