Democratizar la comunicación: un camino aún en construcción
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Democratizar la comunicación: un camino aún en construcción

Gissela Dávila Cobo

El Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, CIESPAL, nace en el año de 1959 con la idea de acompañar la formación de periodistas en nuestro continente, siendo el tercero de los tres centros que promovió UNESCO en el mundo. Los otros dos centros se encuentran: uno en Nairobi, África, y otro en Estrasburgo, Francia.

Desde su fundación, CIESPAL abre espacios de formación y capacitación, acompañados por debates e investigaciones en el campo de la comunicación, siendo uno de sus primeros resultados potentes, investigaciones en las que se fortalece la comunicación y el periodismo y se propone una línea de trabajo a seguir. Un aspecto para resaltar es que, este trabajo es realizado por expertos y expertas latinoamericanas, en el que plantean aspectos novedosos, particulares y útiles para el trabajo periodístico de la región. Además, diseña las mallas curriculares para la carrera de periodismo, que serían acogidas por setenta y cinco universidades en América Latina, lo que evidencia su impacto en la configuración del campo periodístico y su profesionalización.

En el año de 1973, como iniciativa de CIESPAL para reunir y divulgar los estudios de comunicación que nacen de investigaciones y propuestas latinoamericanas, se funda la Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, que cuenta con cincuenta años de producción, convirtiéndose en el mayor repositorio del pensamiento latinoamericano y que entre sus páginas, da cuenta del proceso que acompaña los debates respecto a la libertad de expresión y democratización de la comunicación. 

A mediados de los años 70, CIESPAL se incorpora a la discusión para la construcción de un nuevo orden mundial de la información y comunicación, con una visión propia del pensamiento latinoamericano. A nivel mundial, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se instruye a la UNESCO para que apoye, de todas las formas posibles, el nuevo orden informativo internacional, tan importante como el nuevo orden económico mundial, según lo expone el maestro Luis Ramiro Beltrán, boliviano, estudioso de la comunicación, quien tendría una activa participación en estos debates, tanto desde CIESPAL como desde la UNESCO. En el contexto internacional se conformaría la Comisión MacBride que en 1980 emitiría un documento cuya propuesta principal sería fortalecer la comunicación desde la equidad, libertad y democracia.

De allí en adelante, CIESPAL mantendría una línea de capacitación sobre la libertad de expresión en la región, buscando la reivindicación del derecho a la comunicación, haciendo intentos por incidir en los marcos legales de la región, con el objetivo de pluralizar el espectro radioeléctrico. Por otra parte, se trabaja en líneas de investigación que apuntan a la comprensión de la comunicación, en una época de cambio y de retos tecnológicos, procurado la inclusión de jóvenes en los debates y prácticas comunicacionales.

Marcos legales

Desde los años 90 en América Latina se toma mayor atención a los marcos legales que regulan la comunicación, considerando que al incidir en ellos, se puede conseguir mejores condiciones para el desarrollo de la comunicación y en especial a su democratización, ya que podemos constatar que en nuestro continente existe una gran concentración de medios en pocas manos, constituyéndose en la principal causa para la saturación del espectro radioeléctrico, elemento que sirve para que, desde los gobiernos se justifique la imposibilidad de concesionar frecuencias a medios comunitarios y/o ciudadanos.

En los años 2008 al 2013, CIESPAL trabajó con organizaciones de comunicadores y facultades de comunicación apoyando las propuestas de reforma a la hasta entonces Ley de Radiodifusión y Televisión, que regía en el Ecuador, misma que sería reemplazada por la Ley Orgánica de Comunicación. 

Si bien organismos internacionales como UNESCO; la Asociación Latinoamericana de Comunicación Popular, ALER; la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC; CIESPAL, entre otras, defienden y fortalecen el concepto de la democratización de la comunicación, este ha entrado en un debate que profundiza los alcances que se le pretende dar y las formas de lograr la concreción, en la práctica. Aunque ya en los años ochenta y noventa se hablaba de la comunicación para el desarrollo, como la posibilidad de que las demandas de sectores populares sean conocidas y atendidas por los gobiernos, no se llega más que a contar con medios de comunicación con poca cobertura, sin posibilidad de financiamiento y sin ningún apoyo para su instalación técnica, con lo que se les condena a una pronta desaparición, si en el mejor de los casos, han logrado instalarse. 

Con poco o nulo apoyo, las asociaciones de campesinos, trabajadores, movimientos sociales, colectivos de mujeres y jóvenes, entre otros, fundan medios de comunicación que cambian la perspectiva de la comunicación y el periodismo comercial, dándole un real significado a la libertad de expresión, desde la posibilidad de transmitir en sus propios idiomas, con sus propias voces, rompiendo los formatos establecidos por el mercado y convirtiéndose en fuente de información directa, útil y relevante para sectores, sobre todo, urbano-rurales, rurales y marginales.

Teniendo en cuenta que, en toda Latinoamérica, medios que han sido bautizados como populares, alternativos, comunitarios, ciudadanos, mantienen un trabajo permanente en favor de los derechos humanos, el medio ambiente, la organización social, la amplificación de las culturas, idiomas e idiosincrasia, se mantienen y perpetúan su labor desde el apoyo colectivo de la ciudadanía. Los debates sobre la democratización de la comunicación, encuentran una constatación práctica de la necesidad de desconcentrar el espectro radioeléctrico y procurar que exista una distribución equitativa de las frecuencias, que son patrimonio de la humanidad según UNESCO y por lo tanto, deben ser administradas por los gobiernos en favor de las mayorías. 

Los debates sobre las reformas necesarias en las leyes de comunicación dan los primeros resultados en países como Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador, en los que se reconoce, que existe otro tipo de medios, además de los públicos y comerciales, incluyendo a los medios comunitarios / alternativos / ciudadanos, en los cuerpos legales y reconociendo que las organizaciones sociales y comunidades, cuentan con derechos para su fundación y desarrollo. Sin embargo, el camino no es fácil.

En Ecuador, por ejemplo, desde el 2008, año en el que la Constitución de la República se aprueba e incorpora un sector más de la comunicación, debieron pasar cinco años, para poder contar con la Ley Orgánica de Comunicación, en la que se reconoce que los medios comunitarios tienen derechos y que se distribuirá el espectro radioeléctrico en tres tercios: 33% para medios públicos, 33% para medios comerciales; y 34% para medios comunitarios.

Lamentablemente, al igual que pasa en otros países, las leyes son reformadas de acuerdo a los intereses de cada gobierno y en los años 2018-2019 se recorta la participación de medios públicos para entregarle este porcentaje a los medios comerciales, quedando en un 10% para medios públicos, hasta el 34% para medios comunitarios y el 56% para medios comerciales, limitando así, la participación de la ciudadanía organizada en favor de los medios privados, que si bien, sus concesionarios tienen derecho a usar el espectro radioeléctrico, no puede ser a costa de la no participación y el derecho de la sociedad civil. 

La alerta sobre los debates que se dan en torno a lo que manda la Ley sobre la redistribución del espectro radioeléctrico, suele centrarse en el derecho que tienen los concesionarios de medios privados – comerciales, de contar con frecuencias para su usufructo, que permita recuperar la inversión que han realizado para contar con dichos medios, argumento que puede ser tomado en cuenta, siempre que los concesionarios de estos medios, cumplan con las siguientes condiciones: a cada persona o empresa de comunicación conformado por uno o varios accionistas, se le concesionará, únicamente, una frecuencia en AM, una en FM y una frecuencia para televisión, con lo que se evitará la concentración de medios en una o pocas manos; al igual que para los medios comunitarios, deberán concursar por las frecuencias, con un plan de comunicación, gestión y técnico que al cabo del tiempo de concesión (este es diferente en cada país de Latinoamérica, en Ecuador es de 15 años con posibilidad de renovación por un tiempo igual) debe ser valorado en términos de cumplimiento de objetivos y necesidades de la audiencia. Al cabo de este tiempo, las inversiones ya han sido recuperadas y no puede existir una violación a sus derechos. 

Apoyo a las prácticas culturales, sociales, educativas y participativas

Además de la importancia y única vía para alcanzar la democratización de la comunicación, mediante la distribución equitativa del espectro radioeléctrico y la prohibición expresa de la concentración y monopolización de este patrimonio de la humanidad, se debe acompañar las políticas públicas, con un decidido apoyo a las prácticas culturales, sociales, educativas y participativas, que garanticen el acceso de la ciudadanía a los medios y la producción nacional independiente. Es decir, se trata de una propuesta integral, que vele por las necesidades comunicacionales de la ciudadanía y que al mismo tiempo apoye la consolidación de medios en donde quienes producen contenido comunicacional, sea la misma ciudadanía. Para lograrlo, se requiere de presupuesto destinado al mantenimiento de propuestas sociales, por lo que, países como Ecuador, desde las organizaciones de comunicación, academia y movimientos sociales, proponen que un porcentaje igualitario de la publicidad estatal se destine a los medios comunitarios y públicos, además de los comerciales, que hoy por hoy son los únicos destinatarios de este presupuesto. 

Adicionalmente a la distribución igualitaria de la pauta publicitaria entre los tres sectores de la comunicación, es primordial abordar el tema de la implementación e instalación de medios comunitarios, para lo que se debe procurar un fondo público, esto debido a que la mayoría de ellos, muchas veces, suplen las deficiencias del Estado en cuanto a educación-alfabetización, promoción y prevención de la salud, cuidado del medioambiente, rescate de los idiomas y culturas, fortalecimiento de los territorios desde las identidades y saberes. A manera de propuesta, estos fondos pueden provenir de la misma actividad comunicacional que generan los medios privados, que usufructúan de las frecuencias en favor de intereses particulares, en la mayoría de los países, se recaudan tasas por el uso de las frecuencias, licencias de operación y multas por su mal uso, estos recursos pueden constituir un fondo para la implementación de medios comunitarios en cuanto a su instalación técnica inicial, sin descuidar que se debe implementar políticas públicas para la importación de equipos tecnológicos libres de impuestos, únicamente destinados a actividades de comunicación comunitarias – ciudadanas. 

En un breve recuento, en la región se cuentan con leyes que están en proceso de reforma y algunas de ellas en las que se incorpora al sector comunitario en alguna medida: En México se incorpora a la legislación a los medios indígenas para la instalación, sobre todo, de radios; en Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual busca mayor participación de los sectores ciudadanos en las provincias con políticas locales de promoción y apoyo económico, esta es una ley que recuperó lo logrado en el año 2009 cuando se instauró la ley para entregar títulos o licencias de operación a cientos de medios alternativos que ya contaban con un trabajo previo; Uruguay, actualmente está integrando una política de acceso a fondos de publicidad estatal para medios comunitarios; Ecuador en el 2022 aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en donde la mayoría de los derechos adquiridos por los medios comunitarios permanecen, entre ellos el porcentaje de espectro radioeléctrico y se incorpora la distribución de publicidad estatal en la que se incluye a los medios comunitarios; Colombia cuenta con planes para el apoyo y participación de medios comunitarios en concursos para la capacitación e instalación; Venezuela y Bolivia cuentan con legislaciones en donde se reconoce a los medios comunitarios y se apoya su desarrollo.

Los demás países, en especial de Centro América, siguen trabajando en reformas con las que se espera que se rompan los monopolios y oligopolios mediáticos, uno de los principales problemas, es que el acceso a las frecuencias, se da por subasta, lo que deja a organizaciones sociales fuera de la posibilidad de contar con un medio de comunicación. 

Otro aspecto para no descuidar, es que no se puede ceder espacio en la discusión sobre el acceso al espectro radioeléctrico, a cambio de abrir espacios en internet. En varios países, al momento de levantar la discusión sobre la redistribución de frecuencias, se toma la posibilidad de contar con medios digitales, como solución a este conflicto, sin tomar en cuenta que el acceso al internet, no es libre, requiere de un pago para que la ciudadanía pueda acceder a él y por lo tanto no soluciona la necesidad de contar con medios de comunicación con acceso libre. Como se ha repetido varias veces ya en este artículo, el espectro radioeléctrico, es patrimonio de la humanidad y por lo tanto el derecho a usarlo debe ser equitativo entre el sector comunitario, publico y comercial, es responsabilidad de los Estados administrar este bien estratégico, pensando en la necesidad colectiva y no solo en intereses individuales. 

El debate sobre el derecho a la comunicación se está transformando en un debate sobre el derecho a comunicar, que abarca mucho más que el derecho a contar con una información y comunicación plural y diversa. Se trata de transformar el derecho a “cambiar de canal o emisora” al derecho a fundar medios de comunicación, desde los que se pueda expresar, sin intermediarios, con características propias de idioma y tiempos, medios en donde las condiciones las pone la comunidad y no una o un grupo de personas que defienden intereses particulares. Una vez que la ciudadanía pueda contar con sus propios medios de comunicación para amplificar sus propuestas, entonces estaremos hablando de una real democratización de la comunicación.

Siendo América Latina un continente en donde las diversidades lo definen y marcan su identidad, es necesario contar con medios de comunicación que den cuenta de ella como una expresión de su vida diaria, no como folklor o como un espacio eventual en donde se expone en un documental lo que somos, se requiere de medios de comunicación que en el día a día vayan construyendo narrativas propias y la ciudadanía pueda expresarse libremente, organizarse y buscar espacios de intercambio y articulación que piensen en colectivo, para alcanzar el bien común.

Gissela Dávila Cobo es Directora General CIESPAL, Quito, Ecuador.

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