Género, derechos de las audiencias y medios: Zona de exclusión
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Género, derechos de las audiencias y medios: Zona de exclusión

Cynthia Ottaviano

El término “techo de cristal” fue acuñado hace casi medio siglo. Sin embargo, muchas de las razones que llevaron a su autora, Marilyn Loden, a definir las desigualdades por género en el mundo laboral con esas palabras, siguen vigentes, incluso en el ámbito comunicacional. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo transformarlo? De eso se trata este artículo.

Hacia 1978, Loden era experta en Recursos Humanos en una empresa de Telecomunicaciones. “Sonríe más”, le ordenaba su jefe, luego de terminar una reunión; “qué linda estás”, le decían al comenzar, en un ámbito en el que nada se observaba sobre la estética masculina; los aumentos eran para ellos, por ser el “único sostén familiar”; y a las mujeres no se las ascendía porque “degradaban” el puesto.

Estas discriminaciones alcanzaban también al imaginario que se creaba en torno de los géneros: mientras que a los varones los consideraba “líderes natos” y no los veían como padres, aunque lo fueran; a ellas las criticaban por ser “emocionales” y, si decidían maternar, las postergaban o echaban por falta de compromiso con la carrera laboral.

Así, el acoso sexual no era considerado un problema y las asignaciones de tarea por cuestiones de género, algo normal y natural.

Cinco décadas más tarde, reconocemos el techo de cristal o “glass ceiling barriers”, como una de las consecuencias del patriarcado, donde algunos varones tienen privilegios por el hecho de ser varones y conforman un sistema jerárquico de relaciones, a través de determinadas pedagogías de la exclusión por cuestiones de género.

Si bien es cierto que el tiempo ha pasado, las prácticas machistas parecen no haber caducado tanto. Aún en el siglo XXI, la forma de ordenamiento social, político, económico, jurídico y hasta estatal, tiene sus manifestaciones en el ámbito cultural y comunicacional, de manera de institucionalizar el dominio y la superioridad masculina a partir de la distribución de tareas, remuneraciones, profesiones y roles sociales.

Como consecuencia, las mujeres destinan entre 2 y hasta 10 veces más de tiempo a las tareas de cuidado no remuneradas y “por cada hora trabajada, reciben ingresos laborales que son, en promedio, el 17% inferiores a los de los hombres con la misma edad, educación, presencia de niños en sus hogares y tipo de trabajo”.1

La falta de autonomía económica y física, con precariedad o ausencia de ingresos e inequidad en las tareas productivas y reproductivas genera mayores niveles de dependencia, reconocido como “suelo pegajoso”, por las dificultades que acarrea dejar el ámbito privado, doméstico, para pasar a la esfera pública.

En el campo comunicacional, estas desigualdades se evidencian en múltiples aspectos que van desde la propia estructura de la “empresa” periodística, hasta las formas de representación de las subjetividades y la producción de contenidos.

En la Argentina, durante la pandemia por Covid-19, sólo 2 de cada 10 fuentes de información fueron mujeres, cuando en realidad la mitad de las personas que trabajan en el ámbito sanitario lo son, según estableció un relevamiento realizado por el Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo. 

A la hora de analizar el contenido, a las pocas mujeres convocadas se les pedía opiniones de carácter personal, testimonial, pero no información científica o sanitaria, es decir que, en términos de legitimación y socialización de información y conocimiento como fuentes de información, las mujeres continúan siendo subestimadas, subalternizadas y silenciadas.

Según la misma investigación, el 70 por ciento de las notas escritas durante la pandemia fueron firmadas por varones, al igual que el 100 por ciento de los editoriales. Ni un solo pensamiento editorial estuvo en manos de las mujeres.

En los noticieros de la televisión abierta no se está mucho mejor. El 70,8% de los periodistas especializados son varones y la presencia de otras identidades de género es casi nula. En cuanto a los móviles, son realizados un 57% por varones, de acuerdo con la precisión establecida en el Monitoreo de noticias de canales abiertos de la Ciudad de Buenos Aires, realizado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, durante el año 2021.

La subrepresentación descripta, también alcanza al diseño de la conducción y dirección empresaria comunicacional, ya que las mujeres “son menos de un tercio en los altos cargos de dirección periodística”, sumado al “acceso moderado a todos los niveles jerárquicos de las redacciones y ausencia de mujeres entre las y los accionistas” (Chaher y Pedraza, 2018).

Las trabajadoras, en total, es decir en todas las áreas, también son menos que los varones: en promedio ascienden al 37%, y padecen desigualdad salarial, incluso a pesar de tener mayor nivel de formación, ya que el 61,5% de quienes egresan de carreras de comunicación o afines son mujeres.

Estas discriminaciones por cuestiones de género en los medios de comunicación son percibidas por las propias audiencias. En la Defensoría del Público, fundada para recibir los reclamos de las personas, a título individual o colectivo, cuando se vulnera el derecho humano a la comunicación, durante el año 2022, el 58% de las presentaciones fueron por discriminaciones por razones de género.

Teniendo en cuenta ese dato, puede decirse que las audiencias rechazan la falta de mujeres en la conducción de programas, por lo menos en tres aspectos: la falta de paridad, al señalar que “hay discriminación de género porque son todos hombres” (Actuación 116/2021); el machismo, por la inclusión de varones “conocidos por transmitir mensajes de odio a las diversidades y de misoginia en particular” (Actuación 60/2021); y por los contenidos, porque son “sumamente machistas” (Actuación 116/2021), hechos que califican de “¡Terrible!” (Actuación 58/2020).

En las audiencias públicas que se realizan por todo el país, de manera sistemática desde 2013 esas voces se multiplican. Durante el año pasado y el anterior, se sumaron reclamos que señalan la necesidad de “paridad” en los medios de comunicación, para que redunde en “una mejor democracia” y se traduzca en una modificación en el otorgamiento de la publicidad oficial.

Es que en junio de 2021, en la Argentina, se sancionó la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación, para lograr la inclusión de mujeres, a partir de distintas acciones, entre ellas, la redistribución de la pauta publicitaria, en función de la contratación de mujeres y diversidades.

El conflicto es que, a casi dos años de la sanción, aún no se reglamentó y, como consecuencia, se argumenta que no puede ponerse en marcha su efectivo cumplimiento. De manera reciente, se ha publicado el libro Equidad de géneros en medios: desafíos de un nuevo paradigma comunicacional, en el que participan esta autora y más de 20 mujeres de múltiples espacios, para amplificar las voces de reclamo ante las dilaciones gubernamentales.

Preguntas emancipatorias

Como consecuencia de la asimetría descripta, urge transformar esta realidad de desigualdades estructurales y de representación de géneros, como parte de los conflictos persistentes en el periodismo y la comunicación en la era digital, en una sociedad atravesada por violencias físicas, psicológicas, sexual, patrimonial, mediática y simbólica (Ottaviano, 2021).

 

La presencia de las mujeres en las noticias y el papel de las mujeres en las empresas mediáticas, como ejes centrales de la agenda de medios de comunicación y género, fueron debatidos en el foro “Una foto sobre la equidad en los medios”. Se realizó en octubre del 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde expertas de la Defensoría del Público de Argentina y CIMAC compartieron sus experiencias.


 

Un análisis pormenorizado en cuatro dimensiones, relacionadas entre sí, podría ofrecer un diagnóstico oportuno. Por un lado, se trata de reconocer cómo es la estructura de la “empresa” periodística y comunicacional, por otro lado, cuáles son las condiciones laborales de las trabajadoras; cómo son los contenidos y, por último, cuáles son los niveles de participación de la ciudadanía comunicacional, intercultural y diversa.

Todos estos ejes, además, pueden observase interrelacionados en un escenario mayor en el que la centralidad de la escena la ocupe la comunicación como derecho humano, desplazando a la mercantilización, es decir, el objetivo de ganar dinero poniendo a la venta un bien social.

En ese orden de ideas, el camino hacia la despatriarcalización parece inescindible de la desmercantilización. La construcción de un nuevo paradigma, a partir de la consagración de la comunicación comprendida como derecho humano y las audiencias como sujetos plenos de derecho, requiere jerarquizar esta conceptualización jurídica, política, social y comunicacional.

Si la comunicación es un derecho humano, el Estado tiene un rol de garante, impulsor activo de políticas públicas para la vivencia y pleno goce de ese derecho. Desde esa perspectiva puede comprenderse que toda comunicación es pública, luego podrá ser de gestión estatal, indígena, privada, con fines de lucro, universitaria, comunitaria, alternativa y popular.

La reconfiguración del paradigma analítico exige, además, crear pedagogías de la inclusión y la solidaridad, como parte integrante de un ideario emancipatorio, guiado por nuevas preguntas que delineen el camino interdisciplinario necesario para despatriarcalizar y desmercantilizar los servicios de comunicación gráficos, audiovisuales y digitales en las cuatro dimensiones señaladas (Ottaviano, 2022).

En la estructura directiva resulta fundamental indagar sobre la existencia de paridad en la integración del Directorio o del esquema corporativo para la toma de decisiones de lo que se conoce como la “empresa periodística”.

Preguntarse, además si existe un enfoque de género en el accionar, si se cuenta con procedimientos y un código de ética feministas para regir la labor. Si los procesos de selección de personal, ascensos y promociones siguen lineamientos o se incluyen cuestionarios diferentes para hombres, mujeres, y colectivo LGTTTBIQ+, así como requisitos diferenciales para el ascenso. También si se realizan capacitaciones periódicas, jornadas de sensibilización, campañas de concientización endógenas y exógenas.

En la redacción se puede observar si hay paridad en todas las áreas, incluidas la periodística, tecnológicas, de distribución, administración y comercialización. A su vez, si hay paridad en los puestos de decisión, si se realizan asambleas o encuentros que promuevan la participación activa de quienes integran la “empresa” y si todas las personas ganan el mismo sueldo por igual tarea o a hay distinción por géneros.

Por otra parte, la estructura física debe concebir la infraestructura adecuada, desde baños y vestuarios, hasta lactarios, espacios de cuidado de primeras infancias, o medidas para acceder a ellos, así como permisos y licencias filiales, protocolos para casos de violencias contra las mujeres y el colectivo LGTTTBIQ+, con sus respectivas licencias, y si existen áreas de género, Defensoría de las Audiencias o alguna figura como Observatorios y Editora o Editor de Género.

En cuanto a los contenidos resulta ineludible clarificar si la línea editorial, las agendas, enfoques son con perspectiva de géneros, si hay paridad en las fuentes de información y opinión, si se consideran recomendaciones para las coberturas de violencias contra las mujeres y el colectivo LGTTTBIQ+ y si se usa lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo. Se trata de transversalizar las perspectivas de géneros y de derechos humanos.

Sobre la ciudadanía comunicacional se recomienda considerar si hay espacios para que las audiencias hagan aportes y reclamos, se expresen y difundan sus miradas, si existe un Código de Ética que determine el compromiso establecido por la redacción con ellas, y mecanismos de aplicación y control, si hay políticas de rectificación, respuesta y reparación del daño ante la vulneración del derecho humano a la comunicación y ámbitos de capacitación y alfabetización comunicacional.

Para concluir, se propone que esta radiografía plena sobre cada una de las dimensiones y las intersecciones posibles contemple en qué campo se inscribe la emergencia de una ciudadanía comunicacional, con rasgos todavía presentes de colonialidad, eurocentrismo, comunicación concentrada y patriarcado, entramado aún con fuertes resistencias no sólo entre las audiencias sino entre periodistas y comunicadoras y comunicadores.

Desde esos caminos que reconocen exclusiones y ausencias, se puede promover la erradicación de las violencias por cuestiones de géneros, en encuentros constantes y activos con las audiencias como horizonte posible para el desarrollo de un periodismo responsable y democrático, con una comunicación inclusiva y la construcción colectiva de una ciudadanía comunicacional, actora decisiva de las democracias interculturales.

Esta mirada no es utópica. En la Radio y la Televisión pública de la Argentina se ha propuesto desde 2020 y hoy, casi cuatro años después se demuestra que es posible. Primero se creó la Dirección de Género y Diversidad, desde donde se articuló el Protocolo de Prevención e Intervención ante situaciones de violencia y acoso laboral y/o en razón de género.

Desde allí se concretaron capacitaciones obligatorias en género para todo el personal, se impulsó la incorporación de mujeres en espacios de toma de decisiones y en lugares donde nunca antes habían desarrollado su tarea profesional, por ejemplo, en la Dirección de Administración y Finanzas y en la Carpintería.

En la radio se alcanzó la paridad en las contrataciones artísticas, mientras que en el año 2019 había un 33,8% de mujeres, en 2020 se subió al 43,33% y en 2022 a un 48,61% y a un 1,74% de personas trans, por primera vez en la historia de los medios públicos.

También por primera vez se estableció un Código de Ética y Carta compromiso, de creación colectiva, así como se creó un Observatorio para darle cumplimiento, con integración de tres comisiones, una de las Autoridades, otra de trabajadoras y trabajadores y otra de las audiencias, que toman decisiones por unanimidad.

Allí se establece que la labor deberá ser siempre “decolonial, despatriarcal y respetuosa de la diversidad” (Art.1); “se considerará como portadoras de información y opinión a mujeres y colectivo LGTTTBIQ+” (art.4) y “el lenguaje deberá ser correcto, preciso, incluyente y no sexista” (Art.5).

En definitiva, tanto en los medios públicos, como en los de gestión privada, con y sin fines de lucro, de gestión pública universitaria, escolar e indígena, el objetivo debe seguir siendo el mismo: que el techo de cristal se desvanezca, el suelo deje de ser tan pegajoso y el patriarcado ceda ante una cultura de la equidad, el respeto y la solidaridad, con justicia social, plena vivencia de los derechos humanos y verdadera soberanía comunicacional.

Nota

1. Ver https://www.clacso.org/segun-la-oit-las-mujeres-ganan-un-17-menos-que-los-varones-por-hora-trabajada-en-america-latina-y-el-caribe/

Referencias bibliográficas

Chaher, Sandra y Pedraza, Virginia (2018) Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades. FUNDEPS (Fundación para el desarrollo de políticas sustentables), Ciudad de Buenos Aires.

Código de Ética y Carta Compromiso de la Radio Pública https://admin.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/etica.pdf

Ottaviano, Cynthia (2022), Los jueves a las 10, así se hizo el primer Código de Ética de la televisión argentina, Universidad Nacional de Quilmes, acceso libre en https://ediciones.unq.edu.ar/642-los-jueves-a-las-10.html

Ottaviano, Cynthia (2022) “Desigualdades estructurales y de representación de géneros, los conflictos persistentes en el periodismo del siglo XXI”, en (Re) Hacer los medios. Comunicación en clave feminista. Edulp, La Plata, acceso libre en https://www.editorial.unlp.edu.ar/genero/re-hacer-los-medios-21678 .

Ottaviano, Cynthia (2021) Las nuevas Defensorías de las Audiencias de América Latina como promotoras de las democracias comunicacionales en escenarios emancipatorios sociales, políticos y jurídicos. 1997-2017. De la autorregulación a la corregulación participativa, sin capacidad sancionatoria. De la concentración a la redistribución. De la libertad de expresión al derecho humano a la comunicación. De la radiodifusión a las multiplataformas. Acceso libre en https://faclivros.wordpress.com/2021/11/20/lancamento-fac-livros-las-nuevas-defensorias-de-las-audiencias-de-america-latina/

Cynthia Ottaviano es Doctora en Comunicación (UNLP), Licenciada en Periodismo con Diploma de Honor (USAL), egresada de la Maestría en Periodismo de Investigación. Docente de grado y posgrado desde hace 20 años (UNLP-UNDAV-UNQ), Directora del posgrado Comunicación y Derechos Humanos (UNDAV). Periodista de gráfica, radio y televisión.

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