Nuevo progresismo, derecho a la comunicación y medios populares
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Nuevo progresismo, derecho a la comunicación y medios populares

Hugo Ramirez

Luego del reciente triunfo de Ignacio Lula da Silva en las presidenciales de Brasil la región latinoamericana inclina la balanza hacia gobiernos opuestos al neoliberalismo. Los últimos triunfos del progresismo lo protagonizaron Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. Más allá de puntuales referencias, la comunicación y sus derechos no gravitaron en sus discursos presidenciales. Puede entenderse que respondió a la estrategia del cálculo de votos antes de pensar que el tema no constituye una prioridad en la agenda y los planes de gobierno como también puede leerse.

Antes, en la “primera oleada” de los denominados gobiernos progresistas, en los decenios de 2000 y 2010 el debate sobre políticas de comunicación se colocó en la agenda pública lo que a la postre se tradujo en 11 leyes sobre comunicación audiovisual y telecomunicaciones en diversos países de América Latina. Los de mayor recordación son los procesos en Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia donde los niveles de participación e involucramiento de las organizaciones y ciudadanía en el debate fue importante para su aprobación.

Si bien, en los periodos señalados se dieron pasos importantes en frenar la concentración de medios en manos de los privados, la democratización del espectro radioeléctrico y distribución equitativa de frecuencias; la promoción de los medios de carácter popular, comunitario e indígenas, entre otros; no es menos cierto que algunos procesos no trascendieron a la práctica o quedaron en el intento.

Un caso es el de Chile. La presidenta Michelle Bachelet presentó en 2008 dos proyectos para el tránsito a la TV digital terrestre y la reforma de la TV pública. Según Manuela Gumucio, periodista y doctora en sociología de la comunicación, el resultado fue decepcionante. La presidenta no tuvo suficiente fuerza para imponerse a varios de sus ministros, reacios a reformas mayores y ante la amenaza de la pérdida del apoyo de los canales de televisión a su gobierno en vísperas de un periodo de elección presidencial.

De estas mismas dificultades no van a estar exentas los actuales gobiernos con tinte progresista. A las presiones internas se suman las externas y las posibilidades de avance en políticas públicas favorables al derecho a la comunicación va a estar en estricta relación a la fortaleza o debilidad de los gobiernos y el apoyo social con el que cuentan. Cada gobierno juega su propio partido.

Poder mediático

De momento ya se observan algunos resultados nada favorables para los intereses, en este caso, de las y los ciudadanos peruanos. En septiembre de 2021, el congresista del partido de gobierno, Abel Reyes presentó el proyecto de ley N.º 269-2021 en el que declara de interés nacional y necesidad pública la “justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. 

Al unísono los grupos de poder mediático, los gremios periodísticos y los partidos de oposición tildaron la propuesta del legislador de Perú Libre como atentatoria a la libertad de expresión. El proyecto de ley no prosperó significando una derrota para el gobierno de Pedro Castillo quien en campaña prometió cambios en el manejo de los medios de comunicación en el país. 

A futuro, las posibilidades de lograr transformaciones sustanciales en este campo parecen escasas no sólo por la fragilidad del gobierno que lucha por sobrevivir y mantenerse en el sillón presidencial sino también por la misma debilidad de los medios populares alternativos que no logran reorganizarse u organizarse en espacios que hagan frente al dominio y avance de las corporaciones mediáticas en el país.

En otro contexto, el de Argentina, las organizaciones de comunicación popular, comunitaria y la academia se encargaron de mantener en agenda sus críticas al gobierno de Macri quien apenas llegado al poder modificó a través de un decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la fusión de entes regulatorios. Con el retorno del kirchnerismo al gobierno a través de la figura de Alberto Fernández se abrigó la esperanza que la ley modificada se restituya a su estado original, pero, esto no sucedió.

La persistencia de las organizaciones, entre ellas el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), hizo que el caso sea debatido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el argumento que “la modificación de una serie de políticas públicas de comunicación tiene consecuencias negativas para el goce y ejercicio pleno de la libertad de expresión y el acceso a los bienes culturales en condiciones de pluralismo y diversidad”.

Como consecuencia del debate, la CIDH en su informe del 2016 instó a Argentina a “revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales e impedir la concentración de los medios de comunicación de manera que no menoscaben la diversidad de fuentes y opiniones”, como forma de “garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa”. Queda en evidencia el empuje de la ciudadanía y sus organizaciones de no permitir la vulneración del derecho a la comunicación respecto de la actitud mostrada por Macri y el mismo Fernández.

Pendientes y nuevos desafíos

Más allá de las particularidades antes expuestas, una lectura regional del debate del derecho a la comunicación hace caer en cuenta que existe aún una agenda pendiente de temas por resolver en la que los gobiernos de corte progresista tienen la oportunidad de involucrarse y promover alternativas o, mejor aún, soluciones.

Uno de esos pendientes es el proceso inconcluso de la democratización de las comunicaciones. Si bien, en la anterior fase de gobiernos de izquierda se impulsó políticas públicas, marcos legales bajo la perspectiva democratizadora de los medios, muchos de los procesos quedaron detenidos o sufrieron modificaciones como el caso reciente de Ecuador. El problema es más preocupante aún en países gobernados por el modelo neoliberal donde el debate de democratizar las comunicaciones no forma parte de la agenda. 

Leonel Herrera, ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, afirma que “en nuestros países siguen dominando esquemas mediáticos corporativos, concentrados, con todas las consecuencias que esto tiene con relación a la falta de pluralidad y diversidad de voces; con relación a la imposición de agendas de los sectores que tienen el control de estos medios y en detrimento de los intereses ciudadanos. Estas lógicas de concentración se vieron reforzadas además con la convergencia mediática y con toda la comunicación multimedia digital. Esta es una razón, por la que es un pendiente democratizar los modelos de medios de comunicación tradicional”.

El panorama se torna aún más complejo y desafiante con el dominio y la omnipresencia de las plataformas digitales, los medios, las redes. Quienes lo controlan son conglomerados globales; (Google, Facebook, Twitter, Amazon) y las posibilidades de ser regulados por parte de los Estados nacionales son prácticamente nulas. Si con los medios tradicionales la concentración constituye un gran problema, con las plataformas digitales el desafío es mayor.

El fenómeno reciente y acelerado de las plataformas digitales ha traído consigo nuevos problemas para la comunicación como, por ejemplo, la desinformación y difusión de noticias falsas; elementos que también constituyen una amenaza para la democracia.

Para Herrera, este es “un tema de primera urgencia que se debe atender como parte de la agenda de democratizar las comunicaciones porque los peligros que representa para las democracias la desinformación y difusión de noticias falsas son enormes; lo hemos visto recientemente en procesos electorales como Brasil donde la extrema derecha logró acortar la distancia con Lula a pura desinformación, a pura difusión de fake news”.

En el portafolio está también pendiente el fortalecimiento de un sistema de medios públicos o temas como el cumplimiento de la distribución equitativa de frecuencias para radio y televisión; la puesta en práctica de las acciones afirmativas para los medios populares y comunitarios, entre otros. Son puntos posibles de dar cumplimiento porque ya están presentes en las legislaciones de varios países a diferencia de otros como Chile donde Boric no cuenta con respaldo parlamentario para aprobar leyes favorables a la democratización de las comunicaciones.

Nuevos gobiernos y la comunicación popular, comunitaria

Concordantes con su línea de pensamiento, los nuevos gobiernos denominados de izquierda cuya opción es promover el bienestar de las grandes mayorías empobrecidas de la sociedad, tienen como objetivo mayor combatir las flagrantes desigualdades económicas y devolver la esperanza a la gente con políticas realistas y viables en favor de las grandes mayorías. 

Esto pasa, entre otros aspectos, por fomentar el empleo con condiciones de trabajo digno, con salarios que permitan cubrir mejor la canasta básica familiar; mejora en la cobertura y calidad de los servicios públicos de salud, educación, transporte. Simultáneamente, comprometer a la gran empresa con el pago de mayores impuestos para una mejor distribución de la riqueza; combatir la corrupción y un uso transparente y responsable de los recursos públicos.

El reto es aún mayor cuando se trata de generar un marco de gobernabilidad en un contexto creciente de desconfianza ciudadana frente a la política, los partidos políticos. Es, en buena cuenta, reconstruir la democracia fundamentalmente participativa en la que estén presentes todos los sectores y con lugar preferente las mayorías marginadas, pobres y empobrecidas. 

Se trata de convertir la apatía, la indiferencia, la desconfianza en posibilidad, en esperanza. Los nuevos gobiernos progresistas tienen el compromiso de proyectar su visión “alternativa” del mundo y la vida, contrastándola con la cultura neoliberal que predomina en todas las áreas de la vida. Su margen de acción es limitada porque sus victorias electorales fueron estrechas, sin la legitimidad suficiente. De ahí, la responsabilidad de gobernar con políticas públicas que vayan en concordancia con los programas de gobiernos que satisfagan a los convencidos y los detractores.

En todo este proceso de cambio que abarca no sólo la resolución de las carencias materiales, sino también al ámbito de la cultura, los valores, las creencias, las relaciones sociales, y medioambientales, los medios populares, comunitarios, educativos, pueden apoyar a los nuevos gobiernos a promover la cultura de la ética, la solidaridad, el bien común, el buen convivir en comunidad, el cuidado de la vida y de la naturaleza. 

En las siguientes líneas, Humberto Vandenbulcke, histórico líder de ALER, resume y sintetiza los diálogos que, en distintos momentos, mantuvo la organización en la posibilidad de establecer relaciones y acuerdos con los Estados.

Los medios comunitarios, en coordinación con el gobierno, deben estimular la autovaloración del pueblo, en especial de las clases deprimidas, mediante procesos educativos que les permita crear nuevos conocimientos y entendimientos de sociedad, lo que aumentará la calidad de su participación en la democracia (local y nacional). 

Los medios comunitarios deben mejorar su apoyo (y/o participación) a los programas de gobierno por medio de la profesionalización de sus comunicadores/as. De cara a la función educativa de los medios, los comunicadores/as deben entrenarse en un nuevo método de comunicación, más interactivo, más participativo, más receptivo de las realidades, la cultura y las ideas del pueblo, más conocedores de los problemas mediante el ejercicio del periodismo investigativo, menos apurados por las urgencias de producciones programadas diariamente.

Los medios comunitarios son espacios de facilitación de análisis crítica, de conocimientos, ideas y de generación de propuestas (participativas) que apunten al respeto de los derechos humanos que están en constante violación.  Pues, hay que hacer “otra” comunicación que incorpore la fuerza escondida (y no (re)conocida) en el pueblo en sus anhelos y capacidad de lucha por una sociedad más justa.

Tender puentes entre diversas experiencias de prácticas del buen convivir (Economía solidaria familiar y comunitaria, cooperativas, iniciativas de bien común, …) con narraciones, testimonios, etc. para contribuir a la conformación y consolidación de corrientes y movimientos alternativos en los países. 

En la anterior oleada progresista, desde ALER se alentó la posibilidad de establecer acuerdos con los gobiernos de Ecuador y Bolivia para el desarrollo de proyectos comunicacionales que promuevan procesos de integración regional, pero la burocracia y/o falta de voluntad política terminaron por dilatar y no concretar las propuestas.

En algunos otros casos, la relación gobierno medios populares/comunitarios terminó por enfriarse cuando las y los candidatos del progresismo llegaron al poder. Por el contrario, tuvieron acercamientos más cercanos con los grupos y corporaciones mediáticas. Una práctica que los nuevos gobiernos deberán repensar y no repetir.

En resumen, la relación de los nuevos gobiernos progresistas con el sector de la comunicación popular, comunitaria que reivindica el derecho a la comunicación, puede fortalecerse, manteniendo, desde luego, una línea crítica a estos procesos porque lo que finalmente los anima es una vocación de cambio y transformación en favor de las poblaciones vulnerables y menos favorecidas y la construcción de la sociedad del Buen Vivir para todos y todas.

Mag. Hugo Ramírez Huamán, Coordinador General, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER.

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