22 Feb 2023 Radios comunitarias en los 40 años de democracia en Argentina

Foto: Autora.

María Cristina Cabral. 

En Latinoamérica sabemos de caminos sinuosos, de tiempos no lineales, mucho más si se trata de la conquista de derechos de los pueblos. Las radios comunitarias argentinas sabemos de resistencias y avances, organización y creatividad. Así lo demuestran los caminos recorridos en estos 40 años de democracia en nuestro país. 

En la actualidad el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) es la red que nuclea a 120 emisoras socias gestionadas por cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, fundaciones y comunidades originarias de 22 provincias. Cuando se recuperó la democracia en 1983, quienes habían sobrevivido a la dictadura encontraron mayores posibilidades en emisoras FM para montar las radios comunitarias como espacios de reconstrucción de las vinculaciones sociales destrozadas por los militares. Prohibidas, perseguidas y decomisadas, fueron reconstruyendo no sólo ese tejido social comunitario, sino sus propias formas de crear espacios colectivos para soñar y hacer realidad otro mapa comunicacional.

27 años de crecimiento en FARCO 

Los orígenes de FARCO se remontan a la década de 1990, a partir de la lucha y los esfuerzos de las nacientes radios comunitarias argentinas por existir, resistir y subsistir, en un contexto en el que eran consideradas ilegales por la vigencia del Decreto Ley de Radiodifusión 22285 impuesto por Videla y sus cómplices en 1980. Fuimos y somos consecuentes con los sueños que originaron la red, y en estos 40 años de democracia pudimos ampliar el techo impuesto por el sistema mediático mercantilizado y concentrado. 

La democracia se pone en juego en el ejercicio o negación de los derechos comunicacionales. Lo dijimos desde la creación misma de FARCO hace 27 años, recuperando las luchas latinoamericanas por la soberanía comunicacional y los debates mundiales como el sintetizado en el informe Mc Bride (de 1980), que marcaba en la agenda pública la necesidad que se multipliquen las voces y los medios, el rol de los estados y las políticas públicas para el ejercicio de la democracia.

El proceso de construcción de acuerdos entre organizaciones sociales, sindicatos, espacios educativos, políticos y del movimiento cooperativo entre otros, fue amalgamando un espacio como el de la Coalición por una Radiodifusión Democrática formada en 2004. Los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación” fueron la base de la posterior ley sancionada en 2009. Una ley que nace con el protagonismo de FARCO, pero que llega a su aprobación también por el coraje del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

La Ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina, no sólo consagró el derecho a existir de una comunicación en manos de las organizaciones populares, sino también la necesidad de poner límites a monopolios y oligopolios para garantizar la democracia informativa y el derecho a la comunicación. Ese hito es uno de los más importantes en estos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Nadie nos podrá quitar el sabor de haber ganado una batalla que luego fue un faro para otros países latinoamericanos. 

Se instaló en el país el debate sobre la comunicación y los intereses de los medios. Nacieron nuevas radios, comenzaron a impactar en el país las políticas de fomento de medios comunitarios. La ciudadanía comenzaba a percibir la importancia de la defensa de los derechos de las audiencias, y muchos jóvenes comenzaron a concebir a los medios cooperativos y comunitarios como ámbitos posibles de trabajo con algún tipo de retribución de dinero y no sólo como un espacio de militancia. 

Fueron años en los que FARCO acompañó el nacimiento de radios de pueblos originarios y de comunidades rurales; pudimos generar centros de formación profesional con acreditación del Ministerio de Trabajo de la Nación, entre otros proyectos de fortalecimiento de las radios existentes y el acompañamiento de las nuevas que iban surgiendo. 

A la par vimos cómo los grupos concentrados, digamos Clarín y su extendida cadena de medios y plataformas, recurrieron a la justicia para no ajustarse a la ley y seguir manteniendo su monopolio. Todas sus pantallas y bocinas mediáticas fueron puestas contra la Ley hasta concretar su propósito: el cambio de signo político del gobierno nacional. Así sucedió y en 2015 el empresario Mauricio Macri ganó las elecciones. Como primera medida firmó el decreto de “necesidad y urgencia” 267/15 y así pagó su deuda con el Grupo Clarín concediéndole que pueda acomodar sus negocios, ampliar y consolidar su posición monopólica. 

A pesar de que rápidamente nos reagrupamos en defensa de la Ley y llegamos a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pudimos frenar el desguace de la Ley en sus aspectos antimonopólicos. El macrismo disolvió los organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo; y fomentó la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones quitándolo del ámbito de los Servicios de Comunicación.

Para las radios comunitarias y nuestra red que las agrupa, esos cuatro años fueron muy duros, tanto por el desmantelamiento de políticas públicas y áreas del Estado en las que habíamos podido desarrollar importantes trabajos conjuntos, como por el impacto de la situación económica y los tarifazos en nuestras radios y en las comunidades donde se emplazan, e incluso por situaciones de persecución, clausura e ilegalización de radios socias. Sin embargo, también pudimos mantener las principales líneas de trabajo de FARCO y hasta incorporar nuevas, sumando muchas asociadas, aumentando considerablemente audiencias y haciendo, entendemos, una importante contribución en cada barrio, paraje y ciudad donde estamos, para romper el cerco mediático con el que se pretendió esconder el saqueo de nuestro país y perpetuar en el poder a sus responsables.

A pesar de ese panorama, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sigue vigente en aspectos vinculados a las radios comunitarias. Con distintas intensidades en los años posteriores muchas radios han obtenido licencias, han recibido fondos concursables para comprar equipos y realizar producciones. Lamentablemente los retrocesos del macrismo en materia de democratización de la comunicación no fueron reparados por el gobierno de Alberto Fernández que gana las elecciones en octubre de 2019. 

Aprendimos que cada nueva ola de gobiernos progresistas no parte del mismo lugar luego de los períodos de gobiernos de derechas. Lo que fueron capaces de destruir en cuatro años, especialmente en materia de soberanía económica y comunicacional, fue enorme y a pesar del cambio de algunas políticas lo perdido durante el macrismo no fue restaurado en el gobierno posterior.

“Ley de Medios ¿una batalla perdida?” se preguntaba Cristina Fernández en el inicio de 2019 en su libro “Sinceramente”, que fue un éxito editorial impresionante.

“(La Ley) era un instrumento jurídico trabajado con una seriedad y una profundidad enormes, que iba a ser sometido a discusión en foros regionales que se desarrollarían a lo largo y ancho de todo el país, y que fundamentalmente abogaba por el derecho de los argentinos a expresarse libremente sin que ello sea impedido por las empresas que monopolizaban la palabra… Si me preguntaban qué era lo que esperaba de esa ley, hubiese dicho que deseaba que como resultado de ella cada uno aprendiera a pensar por sí mismo y no como le marcasen desde una radio o desde un canal de televisión … me doy cuenta que tal vez puse demasiadas expectativas en una ley.”

Luego señala que no fue una “batalla perdida” porque sabemos más de los medios y que es necesaria una ley de “defensa de la competencia”, una ley antimonopolio.¹

Una ley por supuesto que nunca es suficiente para los cambios más radicales que transforman los modos de concentración del capital, pero hagamos memoria en estos 40 años de democracia y valoremos el punto de inflexión que significó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hasta amputada en sus aspectos antimonopólicos y en los organismos participativos, sigue lentamente abriendo espacios a las radios comunitarias. 

Expectativa y realidad en tiempos de post pandemia

Nuestra fortaleza como radios comunitarias, como red, está en la territorialidad y en las alianzas que son parte de los proyectos de comunicación. Nos proponemos disputar audiencias, buscar la masividad y lograr mayor incidencia en las agendas locales y nacionales. Muchas veces dijimos en los últimos años que no queremos una integración marginal como muchas veces nos proponen. 

Dentro del mismo gobierno del Frente de Todos, un gobierno de alianzas que se fueron tensando cada vez más desde 2019 hasta la actualidad, pudimos vivenciar distintos tipos de integraciones. Aprovechamos cada puerta abierta y potenciamos políticas públicas que avanzaban en la obtención de derechos del pueblo; y a la vez fuimos empujando las puertas que se cerraban o las políticas que estaban a mano, pero la burocracia y las internas no nos permitían avanzar. 

Encontramos compañeros y compañeras en áreas del estado en las que pudimos articular en temáticas de género, en cooperativismo, economía popular, en las universidades, en áreas de políticas agropecuarias y educativas. Las políticas de legalización de las radios y de fomento a la producción y el sostenimiento de los medios comunitarios fueron seguidas de cerca. Cuando podamos dimensionar el impacto de las políticas de fomento abierta por la Ley, nos sorprenderá hasta a nosotras mismas. A pesar de la subejecución, retrasos en los pagos y deficiencias en los laberintos administrativos de los organismos (en este caso del ENACOM) sólo en 2021, se distribuyeron aproximadamente tres millones de dólares en proyectos de fomento a la producción, la formación, el equipamiento y la gestión de radios, televisoras y productoras del sector sin fines de lucro.

La principal crítica que hicimos fue que se mantuvieron vigentes los decretos macristas que beneficiaron a los monopolios mediáticos y permitieron una mayor concentración, y no reactivaron los espacios plurales de participación como el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El primer año de gobierno estuvo al servicio de las políticas sanitarias y las consecuencias económicas. Sin embargo, la agenda comunicacional fue reconocida como asunto esencial ante la crisis sanitaria. Pero el protagonismo estuvo en la crítica a las operaciones de los grupos monopólicos que primero negaron la dimensión de la pandemia, luego criticaron las medidas de aislamiento preventivo, después trabajaron por la desestabilización social y difundieron noticias falsas, muchas veces poniendo aún más en riesgo la salud de la población.

Nos toca difundir aún más el rol que tuvieron las radios comunitarias que se pusieron al servicio de la continuidad educativa conectando a las familias con los equipos docentes de las escuelas, difundiendo la información pertinente a nivel local en una situación de crisis sanitaria como la que vivimos. Así lo demostraron estudios realizados a nivel nacional como el de la Universidad Nacional de La Plata.

El 2022 trajo consigo el regreso a los encuentros presenciales, y pudimos reunirnos 200 compañeros y compañeras de FARCO en la asamblea anual realizada en Mar del Plata. Luego vinieron encuentros de corresponsales por regiones, talleres de revisión de los Proyectos Políticos Comunicacionales de radios de todo el país financiados por el Instituto Nacional de Economía Social, talleres virtuales para mujeres técnicas de las radios que permitan achicar las brechas de género en la distribución de tareas, capacitaciones con la Defensoría del Público en Salud Mental y radio, entre otras tantas acciones. 

La perspectiva de género ha sido abordada como una política transversal en FARCO a la par de los movimientos feministas en Argentina. “Entendemos necesaria una formación integral con perspectiva de género en las organizaciones y la red”, quedó como mandato en la asamblea de 2018. Luego nos dimos espacios de encuentro nacionales específicos como los Encuentros Nacionales de Mujeres de FARCO; relevamientos de la participación de mujeres y diversidades en nuestras radios, transmisiones especiales en red desde las marchas y movilizaciones nacionales por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y otras movilizaciones de la agenda feminista y de género en Argentina.

La perspectiva de género sigue interpelando a las radios y a la red, con una presencia fuerte en la agenda informativa, con debates sobre la música y el lenguaje inclusivo, en la distribución de tareas al interior de las organizaciones y en la representación política de las mujeres en la red y las radios.² En 2022, además de las formaciones internas, coordinamos con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, una capacitación a periodistas de todo el país en un curso virtual. La capacitación estuvo enmarcada en la Ley Micaela y tuvo el objetivo de vincular la comunicación popular y comunitaria con esas exigencias, urgencias y necesidades que tienen los feminismos.

Un punto fundamental en estos es la exigencia al Estado que distribuya democrática y federalmente la pauta publicitaria oficial. Es indignante el esquema de reparto. El mapa es una fuerte concentración económica y geográfica con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, tenemos que reconocer que por primera vez un 60 % de las radios socias de la red reciben publicidad oficial del gobierno nacional. Esto no deja de ser una clara diferencia con el período inmediatamente anterior, donde se nos excluyó y marginó ostensiblemente, pero está lejos de representar un indicador significativo en términos de democracia y federalismo. 

Como logro político se destaca la reciente unión a otros medios en la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios de Argentina. Con estos medios digitales, gráficos y televisivos de propiedad colectiva buscamos tener mayor nivel de incidencia, unirnos en los reclamos por la democratización de la comunicación, entre ellos el reclamo por la distribución de la pauta publicitaria. 

El 2023 nos encuentra, más que celebrando 40 años de democracia ininterrumpida, comprometiéndonos con la democracia y dando batalla contra los nuevos modos de destruirla: los golpes mediáticos y judiciales. Los derechos comunicacionales hoy se amplían y disputamos además los derechos a la conectividad, la reserva de los datos, la soberanía digital. 

Las elecciones en 2023 en Argentina nos colocan en encrucijadas mayores cuando las expectativas ante los gobiernos nacionales y populares no fueron satisfechas. Seguramente tendremos oportunidad de votar entre dos modelos en disputa y esperamos seguir avanzando en la conquista y reconocimiento de Derechos para nuestro Pueblo.

Notas

1. Fernández de Kirchner, Cristina. Sinceramente. 6ta edición. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Editorial Sudamericana, 2019.

2. Cabral y Antonini. “FARCO, red de contención, resistencias y nuevos desafíos”. en Jaimes y Villamayor (Comp.) (2021). Hacer radios cooperativas: universidad, organizaciones y territorio en el camino de una comunicación democrática. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. [http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3501]

María Cristina Cabral. Integrante de la Mesa Directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias -FARCO-. Docente e investigadora de la UNRN y UNCo.