11 Nov 2015 La rendición de cuentas en Tabasco, una lucha más allá de la transparencia

El estado de Tabasco se ubica en el sureste mexicano, frente al Golfo de México. Fue el último estado de la República Mexicana en aprobar su Ley de Transparencia, dada la resistencia que tenía y sigue teniendo gobierno estatal para rendir cuentas a los ciudadanos.

La Asociación Ecológica Santo Tomás A.C. estuvo acompañando el proceso de la Ley de Transparencia porque consideraba plenamente que esta ley se convertiría en una herramienta para acabar con la corrupción y la impunidad, además que fortalecería la participación ciudadana en Tabasco. Es así que primero participó en acciones de promoción y difusión, junto a organizaciones nacionales, para que Tabasco contara con una Ley de Transparencia y después de una intensa lucha, se aprobó, en diciembre del año 2006, con lo que inició el fomento del uso social del derecho a la información en Tabasco.

A partir de entonces se integraron estudios de casos como el de Donativos y Donaciones de PEMEX a Tabasco, en la que se evidenció que la empresa petrolera del Estado Mexicano, no tiene un objetivo claro para el desarrollo de las comunidades con infraestructura petrolera y que los apoyos entregados obedecían a presiones de los gobiernos subnacionales para hacerse de recursos, los cuales ejercían sin informar sobre su uso. Este ejercicio ciudadano llevó a que la empresa nacional Petróleo Mexicanos modificara sus reglas de operación para la entrega de recursos a terceros. A nivel local, el gobierno estatal en una felonía desapareció la entidad gubernamental que manejo esos recursos sin deslindar responsabilidades.

En un ejercicio posterior se dio seguimiento a los recursos que llegaron a nuestro estado después de las inundaciones del año 2007, que afectaron a más de la mitad de la población tabasqueña, en la que se recibieron recursos nacionales e internacionales, de origen público y privado. Siendo de interés de la organización conocer la aplicación de dichos recursos, por lo que se dio seguimiento a los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). De esta forma se logró saber que de los 7 mil millones de pesos que el gobierno federal destinó a Tabasco, solo se comprobó el ejercicio de 4.5 mil millones de pesos y de ello, cerca de mil millones de pesos, se destinó para nueva infraestructura por parte del Gobierno Local, lo que violentaba las reglas de operación. Esta situación se denunció ante los órganos de control a nivel estatal y federal sin resultado alguno.

Estas experiencias nos llevaron a dudar sí verdaderamente la Ley de Transparencia podía ser una herramienta para el combate a la corrupción y contra la impunidad. Se continuaron con ejercicios ciudadanos que pudieran demostrar si nuestras dudas estaban fundamentadas ante una lógica permanente de corrupción e impunidad. Fue así como se realizó un monitoreo a los impactos del acuerdo intersecretarial 117 en la que la industria petrolera desplaza a miles de pescadores del Golfo México y los trata como potenciales terroristas, una situación que no se había documentado en Tabasco y que gracias al uso de la ley de transparencia logramos demostrar que el sector pesquero estaba siendo desplazado.

Así mismo se dio seguimiento al programa contra inundaciones denominado Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), programa que fue anunciado por el Gobierno Federal y Estatal como el fin de inundaciones catastróficas como la que se vivió en el año 2007, nuestra investigación logró demostrar que no existía y que solo se había engañado a la población tabasqueña cuando se nos dijo que estaba funcionando para evitar que Tabasco se inundara.

Portadas de documentos con resultados de monitoreo de políticas públicas en Tabasco. Estos y otros documentos se pueden descargar aquí.

Obstrucciones oficiales

Con el derecho a la información se pudo dar seguimiento a la recomendación 61/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue emitida a raíz de las inundaciones del año 2010 en Tabasco, inundación que para muchos fue provocada (foto arriba: Santo Tomás). Tesis que comprobamos cuando logramos desclasificar las actas del Comité Técnico de manejo de las presas del río Grijalva y en la que se leía en una de las actas de septiembre del año 2010, palabras del gobernador del estado, el Químico Andrés Granier Melo, quien señalaba: Me doy por enterado y solo pido se proteja la margen del río en su paso por el parque Tabasco y se desvié las aguas río abajo, donde hay menor población…de esa manera en Tabasco nacían tabasqueños de primera y de segunda, aprobándose la inundación de zonas bajas del municipio de Centro, donde viven comunidades indígenas chontales.

Como era de esperarse esta recomendación no fue aceptada por la instancia federal responsable, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y lo que parecía la antesala de un acto de justicia se convirtió en un acto vacío. Es de mencionar que esta queja ante la CNDH fue promovida por el entonces senador por Tabasco Arturo Núñez Jiménez.

A partir del año 2010 empezamos a dar seguimiento a los gastos que se hacían en la casa del gobernador, la Quinta Grijalva, sin embargo nos topamos con pared ante la opacidad que mantenía la Secretaría de Finanzas con la anuencia del entonces Gobernador del Estado. Ya que a cada solicitud de información realizada, la respuesta era una reserva de información para negar que la ciudadanía conociera el uso de nuestros recursos públicos. El extremo de esta situación fue cuando los entonces consejeros del órgano garante local, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), decidieron renunciar ante la resistencia de esta secretaría estatal de informar a la ciudadanía.

Con la llegada de nuevos consejeros al órgano garante, se continuó la realización de solicitudes de información, con la esperanza de que estos nuevos consejeros pudieran disuadir al gobierno estatal de la importancia de acatar los resolutivos emitidos por ellos.

Sin embargo esto no fue así y durante seis meses los nuevos consejeros llevaron poca actividad, por lo que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, entre ellos el equipo de investigación de Santo Tomás, hicieron público un manifiesto en la que señalaban que ya no aceptarían una negativa más por parte de los consejeros de ITAIP ante la solicitudes de información y que en caso de existir recurriríamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ella enmendara el trabajo que el pleno del ITAIP se negaba a hacer. Coincidencia o incidencia, los consejeros empezaron dar resolutivos a favor de los solicitantes.

En noviembre del año 2012, el ITAIP resuelve a nuestro favor las solicitudes de acceso directo a los comprobantes fiscales que amparaban el uso de los recursos destinados a la Quinta Grijalva, resolutivos que llegaban a menos de un mes de que se terminara el sexenio de gobierno y que llegara el primer gobernante emanado de una coalición de partidos de izquierda, encabezadas por el ex senador Arturo Núñez Jiménez.

El equipo de investigación de la organización analizó si valía la pena acceder a las oficinas de la Secretaria de Finanzas y revisar comprobantes, ya que el gobierno monitoreado estaba por irse y llegaría después de 80 años, un gobierno de izquierda que, en ese entonces considerábamos, tenía una tarea histórica de empezar a sentar las bases para el desarrollo de Tabasco. Sin embargo el resultado de los análisis internos de la organización apuntaba a que el nuevo gobierno llegaría y no emprendería acciones para deslindar responsabilidades ante el brutal saqueo del que fue objeto el estado de Tabasco y que vivió su momento clímax en diciembre del año 2012 cuando los hospitales locales dejaron de recibir enfermos ante la falta de equipo y medicamentos para dar atención.

El equipo de investigación de Santo Tomás decidió que lo mejor era entrar a la Secretaria de Finanzas y comprobar que existía documentación que probaba el saqueo del estado. Po lo que en los primeros días de enero del año 2013 se revisaron cajas y cajas de facturas de los gastos de la Quinta Grijalva. Se comprobaba la vida de reyes que se daban en la casa del gobernador y ejemplificaba la forma en que se usaban los recursos públicos en Tabasco. Un círculo vicioso en la que participaba el ejecutivo estatal, el legislativo local y cada año había nuevos ricos en Tabasco.

Los resultados de nuestra investigación se hicieron público a finales del mes de enero, con repercusión mediática a nivel nacional e internacional. Nuestro mensaje para el nuevo gobierno era claro. No aceptaríamos que a mediados del mes de febrero nos dijeran que habían llegado, revisado y no encontraron información para saber qué había pasado en Tabasco, ya que sí un equipo ciudadano sin conocimiento técnico y sin los recursos materiales que tiene el Estado logro conocer el uso de recursos en una dependencia, ellos podían llegar hasta el último extremo y saber que paso con nuestros recursos, pero sobre todo, debían deslindar responsabilidades.

Es de comentar que nuestros resultados fueron presentados como pruebas de solicitud de fiscalización ante el Congreso del Estado y sirvieron para reprobar la cuenta pública del poder ejecutivo del año 2012.

Nuestros análisis se dieron por certeros cuando a mediados del mes de febrero el gobierno estatal anuncio que entre la documentación encontrada de la anterior administración estaba un acta notariada que daba cuenta del robo de toda la información contable que fue subida a un camión que posteriormente fue robado. Nuestros peores escenarios, con el nuevo gobierno, se empezaban a materializar.

Los autores, de camisa azul uno y de camisa blanca el otro, presentando resultados de investigaciones. Foto: Santo Tomás.

Nuestro trabajo en derecho a la información continúo en el año 2013 y nos ayudó a encontrar dos casos de discrecionalidad en cuanto al manejo de recursos públicos. En uno de ellos se entregaba de manera anual más de 20 millones de pesos mexicanos a un equipo de béisbol que no informaba del uso de dichos recursos, recursos que eran superiores a la destinada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo. Sobra mencionar que este equipo de béisbol recibía recursos privados y son a quienes se sigue beneficiando.

El otro caso fue el de los recursos públicos entregados a una Asociación Civil que esta integrado por cuatro entes gubernamentales, el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste, el cual sin ningún fundamento jurídico recibió más de 50 millones de pesos durante el año 2013, producto de compromisos contraídos por funcionarios estatales durante el año 2012 y que la actual administración estaba dando cumplimiento sin cuestionar siquiera que la frente de esta Asociación Civil estuviera una funcionaria de la anterior administración.

Ambas situaciones fueron notificadas al Gobernador Arturo Núñez quien incluso en el caso del equipo de béisbol respondió por escrito que nuestro informe lo había enviado al secretario de Finanzas para que tomara cartas en el asunto. Se consideró que en el 2014 estas situaciones escandalosas se corregirían, lo que no sucedió. De estos dos casos se logró que el órgano garante los declarara sujetos obligados de la Ley de Transparencia y actualmente tienen que informar a la sociedad sobre el uso de los recursos que se les entrega. Son más transparentes, aunque no dejan de ser productos de la discrecionalidad gubernamental.

Actualmente seguimos revisando los informes financieros que el Poder ejecutivo publica por obligación legal, denunciando públicamente, en algunos medios y en redes sociales las subejercicios en áreas tan sensibles como Salud, Educación y Seguridad Pública o el incremento preocupante de recursos a publicidad oficial. Estamos participando en agendas nacionales de transparencia en la industria extractiva y somos referentes del derecho a la información en el sureste mexicano.

A casi diez años de haber empezado a caminar por el derecho a la información en Tabasco, sabemos que la transparencia por sí sola se puede llegar a convertir en un acto de cinismo o que la rendición de cuentas no es posible sin verdaderos contrapesos que sancionen las malas prácticas en cuanto al uso de nuestros recursos públicos.

El derecho a la información es importante y es un pilar fundamental para el trabajo ciudadano en la construcción de una mejor sociedad…sin embargo no es lo único. Falta mucho camino por recorrer para consolidar la democracia en el sureste mexicano y en México en general. Pero ahí estaremos.