17 Aug 2020 La pandemia de COVID-19 y la pulsión por la vigilancia estatal

Por J. Carlos Lara

Incontables iniciativas estatales y privadas pretenden proveer de soluciones a la expansión del COVID-19, incluso en América Latina. A pesar de los llamados a la cordura y al respeto por los derechos fundamentales, persiste en nuestra región un intento por usar la vigilancia como solución, inclusive para problemas que van más allá de la salud pública. ¿Sobreviviremos al brote de vigilancia?

Desde hace semanas, hemos visto cómo gobiernos mundiales, incluidos los de América Latina, han comenzado a utilizar información de teléfonos móviles y de aplicaciones para teléfonos móviles con el propósito de controlar la expansión de COVID-19 en sus países, fundamentalmente a través de aplicaciones para smartphones. Aunque muchos de los esfuerzos gubernamentales coinciden en carecer de suficiente legitimación y de resguardos de derechos fundamentales, el pánico aparente se convierte en el caldo de cultivo para medidas inidóneas y abusivas.

En un contexto de emergencia global, el problema que surge no es una cuestión solamente del respeto a los derechos en una situación excepcional, sino también del riesgo que significa mantener esa excepcionalidad para el ejercicio de derechos fundamentales a lo largo del tiempo.

El poder sanador de los datos personales

Una tradicional expresión de la vigilancia estatal es la relativa al seguimiento de personas en sus movimientos y en sus comunicaciones, con las tecnologías de comunicación (y en particular, las digitales) como vía principal para la observación estatal. En un contexto donde resulta conveniente hacer el seguimiento de personas específicas o de grupos numerosos para trazar rutas de contagio o medir situaciones de riesgo, aparecen estas tecnologías como un mecanismo en apariencia idóneo. Varias medidas estatales reflejan esa intuición.

La proliferación de aplicaciones móviles para la pandemia, especialmente a nivel gubernamental, son una muestra básica de esta pretensión. En el caso de las de nuestra región, tanto el rastreo como la entrega de información para el autodiagnóstico de síntomas asociados a COVID-19 parecen objetivos de política pública razonables para una crisis de salud. Sin embargo, un examen apenas superficial permite encontrar incontables puntos de duda: cómo se anonimizará y agregará la información para no identificar individuos, quién tiene acceso a la información, cómo será utilizada (y en contraste con qué otros datos), por cuánto tiempo y bajo qué condiciones se almacenará, etcétera. Su utilidad en relación con sus niveles de penetración, en tanto, son todavía un misterio.

Como era de esperarse, una situación de crisis para los gobiernos constituye una enorme oportunidad para quienes quieren vender soluciones. Esto es especialmente notorio en el caso de la tecnología, donde cada vendedor ajusta su oferta para convertirla en solución. Es el caso de NSO Group, compañía de tecnologías para la vigilancia, que comenzó a ofrecer y a probar sus capacidades de vigilancia para hacer el seguimiento de personas contagiadas y de las que por estar en contacto con ellas fueran susceptibles al contagio, a partir del cruce de información de dispositivos y de redes de comunicación. Es decir, convirtiendo en una situación deseable parte de la tecnología que ha sido usada incluso en nuestra región, para espiar a periodistas y activistas en México. Además de la falta de credibilidad de oferentes así, ¿cómo puede garantizarse que la información no se usará con otros fines ni más allá de la emergencia actual?

Fue en la Ciudad de México donde el anuncio de implementación de georreferenciación de telefonía móvil para monitorear movimiento y contacto y controlar el aislamiento social. Como señala R3D, otras autoridades estatales dirigen solicitudes de información a las empresas de telecomunicaciones, sin condición alguna de transparencia para medir su cumplimiento de los estándares de derechos humanos y de la legislación nacional.

En sentido similar, hemos hecho mención al caso de Ecuador, donde se ha dispuesto el uso de “plataformas satelitales y de telefonía móvil” para el control de movimiento de la población bajo aislamiento y cuarentena. A pesar de la preocupación de la sociedad civil a nivel regional y global por la necesidad de resguardos explícitos, en un país donde todavía no existe siquiera una ley de protección de datos personales, la medida de aparente carácter excepcional parece haber seguido su curso, aun cuando Ecuador sigue siendo uno de los países más afectados en número total y proporcional de casos fatales en la región.

En el caso de Brasil, aun cuando por su carácter federal han sido varios los estados que han tomado medidas de prevención y de seguimiento, incluyendo mediante órdenes de aislamiento y del recurso a datos de empresas de telecomunicaciones, la ausencia de órdenes a nivel nacional ha sido patente, y ha estado marcada por el liderazgo temerario del actual presidente de la unión. Una situación particularmente preocupante en atención a que Brasil mantiene el número más alto de contagios en la región. A la anticipada postergación de la entrada en vigor de la Ley General de Datos Personales, se sumó otra preocupación: hace semanas, se hizo público el acuerdo entre empresas de telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación, para facilitar información sobre teléfonos móviles relativas a ubicación geográfica y movilización. Días después, tal acuerdo fue rescindido por el presidente Bolsonaro, no necesariamente por preocupaciones sobre los datos personales, como por su actitud temeraria frente a la pandemia. No obstante, los estados conservan capacidad –y más importante, voluntad– para acordar tales usos, como ocurre con los populosos San Pablo y Río de Janeiro.

Otras medidas son aun menos sofisticadas, y pueden igualmente derivar en recolección de información personal. Así, por ejemplo, aplicaciones como el número de WhatsApp dispuesto por el gobierno argentino para recibir consultas facilitando el autoexamen, permiten a la vez identificar números telefónicos y por esa vía a las personas que buscan esa información.

Sea que se trate de georeferenciación mediante antenas de telefonía celular, mediante GPS, mediante señal de WiFi o mediante la entrega voluntaria de información del lugar de cuarentena, resulta al menos cuestionable su real efectividad, en la medida en que no es tanto el rastreo como lo son el aislamiento y las medidas de contención las medidas mejor convocadas a la prevención, como hemos señalado. Es necesaria en cualquier caso una mayor precisión de la información generada –junto a todos los resguardos latamente reiterados– para que ella tenga real capacidad preventiva e informativa en torno a posibles focos de contagio. De lo contrario, la información agregada y anonimizada es la que mejor serviría a la toma de decisiones, también en tal caso bajo resguardos serios, y sin por ello ser por sí sola información suficiente.

Síntomas de un problema mayor: el control social

Al creciente listado de corona-apps presentes en América Latina se ha sumado más recientemente la anunciada aplicación CoronApp del gobierno de Chile. Como otras, permite el autoexamen y la entrega de información, y permite asimismo registrar el lugar de cuarentena, aun cuando no entrega información de proximidad con personas infectadas. Pero agrega una funcionalidad que varios estados de la región han convertido también en una prioridad: la vigilancia mutua y el control social, más allá de los contagios.

En el caso de la CoronApp chilena, existe una funcionalidad específica para “informar y/o denunciar conductas o eventos de alto riesgo”, esto es, para acusar a la autoridad (en teoría, el Ministerio de Salud) que se están presenciando eventos de aglomeración de personas, incumplimiento de las cuarentenas obligatorias, o existencia de filas para servicios. Es fácil adivinar que esta función puede servir para actos de revancha o enemistad social, quizás empeorando la distancia que ya se ha vuelto costumbre entre personas que comparten áreas con alta densidad demográfica, invocando tal vez innecesariamente a autoridades ya sobreexigidas por una crisis sanitaria global.

Tampoco se trata de una medida de control única. Así, Río de Janeiro controla aglomeraciones mediante denuncias telefónicas y mediante WhatsApp, además de servirse de información de telefonía móvil, y desde esta semana del uso de drones para seguir movimientos de personas y dirigirse a ellas por altoparlante. En tanto, en sentido similar, Argentina ha dispuesto diversos mecanismos de denuncia, incluida una línea telefónica para denunciar infracciones del aislamiento social. Así, la irresponsabilidad de las personas que insisten en romper situaciones de cuarentena pasa a ser una preocupación adicional de quienes sí la respetan, una fuente de desconfianza social, y una motivación para el control mutuo.

Otro nivel de control que toma como excusa a la pandemia es el realizado por el estado argentino, en el denominado ciberpatrullaje, consistente en la revisión de la discusión en redes sociales “para la prevención de delitos promovidos según el ‘humor social’”. Si bien se trata a menudo de discusiones al alcance del público, esta acción de vigilancia estatal, de no ser transparente y sujeta a protocolos de ejercicio y de control, puede además de ser arbitraria impactar negativamente en las personas, incitando a la autocensura. En ausencia de resguardos sobre su procedencia y su supervisión, puede ser también una forma de vigilancia masiva contraria a los derechos humanos.

Contra los brotes de vigilancia en la región

Recolectar y procesar información sensible de las personas, como es la relativa a su condición de salud y a sus movimientos corporales, constituye una acción intrínsecamente riesgosa para las titulares de esos datos. Pero en lo relativo a aplicaciones, existen principios que pueden aplicarse para prevenir buena parte de ese daño. Como relata Sursiendo, hay ya grupos de investigación dedicados al desarrollo de aplicaciones y protocolos de seguimiento respetuosos de la privacidad, y cabe a los gobiernos tanto hacer eco de las preocupaciones de la sociedad civil como recoger y apoyar tales iniciativas. Los requerimientos delineados por el Chaos Computer Club para las aplicaciones son un punto de partida crucial para ese desarrollo.

Por cierto, el desarrollo tecnológico por si solo está condicionado por factores sociales, incluyendo los normativos, que sirven como garantía al respeto a los derechos fundamentales. Como hemos indicado, es también posible recurrir a legislación de emergencia no para facilitar la acción del estado vigilante, sino para asegurar el pleno respeto de los derechos de las personas afectados por la recolección y uso de su información personal. Además de ese rol protector, la regulación puede así procurar la prevención de que el estado de excepción se convierta en el de normalidad, y que la vigilancia pueda extenderse mucho más allá de la emergencia actual, incluso con aprobación popular producto de una distorsionada percepción de la realidad.

Pero además del deber de discutir apropiadamente cómo utilizar la tecnología que involucra vigilancia, es relevante discutir también el porqué. ¿Por qué es la vigilancia una posibilidad de acción percibida como “necesaria”, cuando ni siquiera su carácter de conveniente es inconcuso? ¿Por qué justificar, y finalmente normalizar, que bajo ciertas condiciones sea aceptable monitorear nuestras expresiones, o llenar nuestros cuerpos, hogares y poblados con cámaras, georreferenciación, reconocimiento facial, detección de calor, reportes voluntarios de salud, y más? El no despliegue de la acción vigilante del Estado es también una opción, especialmente de cara a los riesgos involucrados y de la existencia de medidas de salud pública con un impacto comprobadamente mayor. Insistir en soluciones tecnológicas puede llevarnos a eludir discusiones más profundas sobre fallas sistémicas que no son causadas por virus o desastres naturales, sino por decisiones políticas sobre la organización de la economía y de la vida en sociedad. ν

Fuente: DerechosDigitales. 01 de mayo, 2020. CC BY-SA 3.0 CL

Juan Carlos Lara es parte de Derechos Digitales desde 2008 y actualmente coordina el equipo de investigación y políticas públicas de la organización. Anteriormente se desempeñó como investigador en temas vinculados a la propiedad intelectual, la libertad de expresión, el acceso al conocimiento y la labor académica en el entorno digital.

Photo: Myriam B/Shutterstock