05 May 2024 Medios y democracia en México

Lenin Martell

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió el cargo como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Fue el primer presidente de izquierda en acceder al Poder ejecutivo en la historia del país. Como parte de su plataforma política y económica, prometía la redistribución de la riqueza, la democratización de las instituciones públicas y la información, entre otras muchas otras propuestas. Un mes después, el 23 de enero de 2019 (Jiménez & Muñoz, 2019), AMLO presentó en cadena nacional a los nuevos directores de los medios públicos federales en México. El anuncio reflejó esperanza para muchos ciudadanos, trabajadores de los medios estatales y culturales, y periodistas quienes por muchos años habían luchado por tener un sistema de comunicación democrático y equitativo.

El acontecimiento fue inédito, pues nunca antes un mandatario de la República había anunciado quiénes serían los nuevos encargados de los medios; sobre todo, en esta ocasión, eran representantes de la sociedad civil (una tarea que, generalmente, la relegaban a mandatarios de menor rango).

A cinco años del gobierno de la llamada Cuarta transformación, es un hecho que la relación medios-Estado-sociedad ha experimentado cambios sustanciales: con algunos medios, como los públicos-federales, se han estrechado los vínculos, producto de un mayor acceso a la información, incremento en la participación de los ciudadanos en los medios, mayor independencia con respecto del gobierno, y el hecho que estos han logrado ampliar la conversación en la vida pública. Sin embargo, con otros, como los comerciales –entre ellos El Reforma y El Universal, Televisa y TV Azteca— el vínculo ha sido ríspido. Las razones han sido varias, entre ellas: la exigencia de pago de impuestos por parte del Gobierno federal; la derechización y sesgo en los ángulos editoriales de estas empresas periodísticas; el incremento de fake news, la baja calidad de sus contenidos y el hecho que no reciben publicidad oficial como en otros sexenios. Como consecuencia, las audiencias han buscado otras alternativas de información y entretenimiento.

Por otra parte, existen aún puntos endebles en la relación medios-Estado-sociedad, como el asesinato a periodistas en algunos estados del país, la precarización de los salarios de los trabajadores de los medios, la necesidad de mayor apoyo financiero a los medios públicos, el retroceso en el marco jurídico de los medios de comunicación, el acceso universal a las plataformas tecnológicas, entre otras problemáticas que limitan la consolidación democrática del sistema comunicativo mexicano.

Para entender estos cambios recientes, es necesario remontarnos a sexenios de gobierno anteriores, con el fin de contextualizar cómo era la relación entre el Estado-medios-sociedad en las primeras dos décadas de este siglo. Para evidenciar lo anterior, en este espacio discutiremos algunos eventos significativos que han marcado pauta en la relación medios-Estado-sociedad.

Antecedentes: 2000-2017

A principios de este siglo, diversos sectores de la sociedad civil intensificaron un debate sobre la inequidad que existía en el sistema de medios de comunicación en México, la cual se había caracterizado porque los gobiernos federales y estatales habían respaldado al modelo de radiodifusión privada desde los años 50 –proveyeron concesiones, proporcionaron publicidad gubernamental y fueron consecuentes con la información de poca utilidad social y propagandística–. A pesar de que en la segunda mitad del siglo XX fueron apareciendo medios de titularidad estatal, su contribución a la sociedad fue limitada y funcionaron como medios de gobierno (Martell, 2021). Televisa y Televisión Azteca fueron dos de los conglomerados más beneficiados: incluso los presidentes en turno se dirigían en cadena nacional –desde Televisa— para dar información importante a la sociedad (Martell, 2023).

Sin embargo, hubo ciertos avances la rendición de cuentas que propiciaron una mayor participación de la sociedad en el espacio público:

En primer lugar, en el 2004, apareció el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), organización gubernamental creada para desarrollar mecanismos de acceso a la información y protección de datos. Posteriormente, hubo reformas constitucionales que dieron lugar al Instituto Nacional de Acceso a la Información en 2015 (Martell & Martínez, 2021). Lo anterior contribuyó para generar mecanismos para realizar investigación periodística que en el pasado hubiera sido casi imposible acceder, mucha de la cual tenía que ver con actos de corrupción por parte de los gobernantes. Así se desarrollaron medios como Revista Z; Proyecto Puente; LadoB, Chiapas Paralelo, RíoDoce, El Noreste, La Verdad de Juárez, ZonaDocs; Connectas; Quinto Elemento; Tejiendo Redes, entre otros.

En segundo lugar, hubo progresos en los mecanismos que protegían la práctica del periodismo y la protección a periodistas, aunque los números de periodistas asesinados y acosados por distintos poderes políticos y sociales continuaron a la alza en el país en distintas áreas de conflicto (Xantomila, 2022). Posteriormente, la creación de las Defensorías de las audiencias y códigos de ética en 2007 (Martell & Martínez, 2021) se reforzó con la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones en 2014.

Otro factor importante que motivó una cambio de relación entre los medios y la sociedad en México fue los hábitos de consumo de las audiencias. El entretenimiento sigue siendo de mayor preferencia que los noticiarios (en una relación 70%-30%. A pesar que el IFT autorizó un incremento del 65% de nuevas concesiones, 23% de los principales grupos regionales se siguen repartiendo el 65% de estas licencias (Martell & Martínez, 2021).

En cuanto a la radio, en algunos grupos radiofónicos, como Televisa Radio y Radio Fórmula, la programación dedicada a programas hablados se ha incrementado y los formatos se han diversificado, aunque no los contenidos. Esto ha hecho que escuchas provenientes de sectores medios urbanos busquen respuestas a sus nuevos estilos de vida. Sin embargo, salvo excepciones como la estación La Octava 88.1, la radio comercial carece de programas con perfil de servicio público.

Aún así, la radio comercial representa el 78% del mercado, mientras que las radiodifusoras públicas y comerciales solo el 22 por ciento (Martínez, 2016). Asimismo, tanto la radio comercial como la radio pública –salvo excepciones– han sido incapaces de atraer a nuevas audiencias, sobre todo aquellas más jóvenes, a través de nuevas herramientas tecnológicas, como lo son las apps y los formatos de podcast.

En cuanto al periodismo de investigación, ha incorporado más técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, lo que les permite realizar análisis de datos y confirmación de fuentes con mayor efectividad. Esto ha conducido a emprender rutas para el seguimiento de noticias; también ha permitido distinguir la capacidad para diferenciar y clarificar las noticias falsas. “Verificado 2018” fue ejemplo de esto durante el proceso de campañas presidenciales en 2018: 60 medios de comunicación se asociaron para verificar las fuentes de la información en un contexto en el que pululaba la información falsa. Entre los medios participantes se encontraban: Animal Político, Newsweek en Español, Pop UP Newsroom, y AJ+Español (Martell & Martínez, 2021). Este proyecto conjunto se convirtió en una gran herramienta de rendición de cuentas, después de este breve esfuerzo, el proyecto desapareció.

Los logros en un sector del periodismo, como el anterior, han mostrado progresos importantes para la rendición de cuentas y ampliación de la conversación local y nacional. Sin embargo, otro grupo de medios, sobre todo los más poderosos en el sistema comercial (Televisa, Televisión Azteca, y recientemente Imagen TV) ha producido programación de baja calidad y contribuido a expandir noticias falsas. Un caso notorio fue cuando Televisa inventó una noticia durante el temblor ocurrido en México en septiembre de 2017: por varios días, en el noticiario estelar se fabricó la noticia sobre una niña, de nombre Sofía, que estaba atrapada en los escombros. Las audiencias siguieron la historia cada noche. Después de varios días, se descubrió que había sido un invento de la reportera (Redacción AN, 2020). No hubo sanción por parte del gobierno a la televisora; tampoco a la periodista. Sin embargo, este tipo de hechos ha conducido a que las audiencias –especialmente las más jóvenes– busquen otras fuentes de información en plataformas digitales como podcast y Youtube (Martell & Martínez, 2021).

El episodio anterior, como muchos otros, es el resultado de un modelo de comunicación entre los medios de comunicación y el Estado gestado desde los inicios de Televisa en los años 50: intercambio de favores y un periodismo sensacionalista (propaganda y visibilidad política por parte de los gobierno o el congreso, a cambio de mayor número de concesiones) (Vidal Bonifaz, 2021).

En el plano jurídico, hubo avances importantes expresados en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014; fue parte de una reforma en 2013 a ocho sectores (económico; salud; político, etc.), los cuales, si bien no pudieron lograr sancionar completamente, si pudieron incidir en cuatro asuntos importantes (Martell & Martínez, 2021):

a) La noción de servicio público de radiodifusión y la fundación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) (Secretaría de Gobernación, 2014);

b) la legislación de medios de comunicación (Diario Oficial de la Federación, 2014; Martínez, 2016);

c) los derechos de audiencia entendidos como derechos humanos (Martínez Aguilar, 2016); d) la creación de las defensorías de las audiencias (aunque algunas televisiones y radios estatales ya las habían tenido desde el 2007 (Secretaría de Educación Pública, 2007).

Para académicos, activistas en medios de comunicación, periodistas y otros sectores sociales, la reforma fue parte de una lucha de la sociedad civil desde 1979 que pugnaba por tener una estructura de medios más equitativa y mayor participación de la sociedad civil. La ley también permitió nuevos actores en el mercado de las telecomunicaciones como AT&T y Telefónica, que brindarían mayor ancho de banda y decremento en los servicios de telefonía celular.

La ley también abrió la posibilidad a una tercera televisora nacional, lo cual en teoría sopesaría el poder de los monopolios constituidos por Televisa y TvAzteca, aunque, para algunos analistas, en la práctica Televisa continuó dominando el mercado (Esteinou, 2013). Asimismo, Artículos, como el 88, permitían donaciones. Sin embargo, los procesos administrativos son tan difíciles de realizar, que los medios han desistido de buscar estos caminos como manera de financiar proyectos –entre ellos, documentales y/o series dramáticas. No fue una legislación perfecta, pero sí significó un gran progreso en la relación medios-Estado-sociedad al otorgar la posibilidad derechos de la comunicación a las audiencias.

A pesar de estos logros, en 2017, sectores conservadores en el congreso cabildearon para que se hiciera una contrarreforma a la ley de 2014; argumentaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no podía sancionar a los concesionarios y querían que se limitaran sus facultades. Pero no todos acordaron con esta propuesta, especialmente los sectores más críticos de la sociedad. Después de varios amparos interpuestos por miembros de la sociedad civil –como la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y el Centro de Litigio Estratégico para la Defensoría de Derechos Humanos (CLEDH)– la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró el 29 de agosto de 2022 acción de inconstitucionalidad y dejó inválida la ley de 2017 (Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 2022), por lo que, 16 de noviembre de 2022, reenvió al congreso el documento para legislar nuevamente.

Para analistas y activistas en medios, se congeló años de trabajo de legisladores y grupos de la sociedad civil que habían rendido esfuerzos por actualizar la ley de medios de comunicación. Asimismo, dejó en el limbo la aplicación de los derechos de las audiencias. Sin embargo, ante tal vacío legislativo, tanto los medios de comunicación como los defensores de las audiencias siguen basándose en los preceptos de la ley de 2014 para continuar con sus actividades.

El cambio de paradigma en la Comunicación Pública (2018-2023)

Para el 2016, Televisa ya había terminado de adquirir la televisión por cable y satelital (Sky), con lo que se había fortalecido como una empresa de telecomunicaciones, además se había beneficiado de recursos fiscales productos de la publicidad oficial. Asimismo, mantenía sus negocios en la radio, el ámbito editorial, fútbol profesional, cinematografía, juegos y sorteos (Martell, 2023). Pero el cambio del Poder ejecutivo significó reacomodos en su estructura de negocio y como poder mediático.

La llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, significó un cambio sustancial en la relación Estado, medios y sociedad. Las corporaciones de comunicación, entre ellas Televisa y TvAzteca, perdieron influencia con el Estado al disminuir percepciones en un 41 por ciento, por concepto de publicidad gubernamental (1,326,202,915 M/N) (Bravo, 2022). Asimismo, tuvieron que empezar a pagar impuestos al Estado –anteriormente habían sido condonados por los anteriores gobiernos–. Ambas televisoras fueron disminuyendo el número de audiencias (sobre todo las más jóvenes), ante la falta de oferta de contenidos atractivos; estas han emigrado hacia otro tipo de plataformas más novedosas para sus intereses.

Como consecuencia, Televisa y TvAzteca, al igual que otros medios corporativos tuvieron que reducir su tamaño; o bien, emprender sociedades con otras empresas multinacionales para poder subsistir. A finales del 2021, Televisa recibía más remuneraciones económicas por la televisión de paga; en el 2022 tuvo que combinar su segmento de televisión por cable (Izzi-Cable con Megacable) y servicios de telecomunicaciones. Pero no fue así en la TV abierta; ahí la televisora se fusionó con el consorcio estadounidense Univisión, el 31 de enero de 2022; la compañía mexicana mantuvo la mayoría de las acciones.

Asimismo, en abril de 2023, se separaron los negocios del Estadio Azteca, revistas (rubro en extinción), casas de apuestas y el Club América, que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Calderón, 2023) (Vidal Bonifaz, 2021). Estas transacciones de negocios tuvieron que realizarse para poder sobrevivir como empresa del entretenimiento y competir en el mercado internacional, pues a nivel local, sus propuestas de contenidos no pudieron con la oferta de plataformas de streaming, los cuales han sido muy orientados a la nota roja y al sensacionalismo.

Los medios públicos

Por su parte, la estructura de los medios públicos creció en este sexenio, en particular el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), el cual inició transmisiones en el 2014 y ahora tiene presencia, a través de Altavoz Radio (11 emisoras más Altavoz web) y Televisión 14 en prácticamente todo el país, más la plataforma digital MxPlus. En los últimos cuatro años, este sistema se ha consolidado: ha aumentado su audiencia significativamente, sobre todo en un sector de la población que busca información como documentales, películas contemporáneas e incluso noticiarios que discuten temas de manera crítica como la corrupción, medioambiente, diversidad sexual y de género, entre otras.

Al mismo tiempo, se ha abierto un debate acerca de la independencia editorial del SPR; mientras que para un sector de analistas en medios el Canal 14 tiene tintes oficialistas, para otros ha podido poner la balanza contenidos diferentes y críticos –que apuestan a difundir manifestaciones de la cultura popular– en el marco de un ecosistema mediático, constituido por una estructura de medios comerciales con contenidos de poca utilidad social y el incremento de Fake News (Martell & Serrano, 2023).

Mientras el SPR se ha robustecido, otros medios públicos federales, como el Instituto Mexicano de la Radio o Radio Educación se han quedado estancados ante atoros presupuestales, pocas propuestas de contenidos y conflictos sindicales. A pesar que la idea del presidente López Obrador era que el SPR coordinara los demás medios públicos federales, en la práctica ha sido una tarea complicada con algunos medios dadas las dinámicas internas de trabajo.

Los medios públicos de los estados, como el Sistema Mexiquense de Medios Públicos en el Estado de México, no han podido conseguir independencia política con respecto del gobierno en turno y sus contenidos continúan teniendo bajo impacto social; asimismo, la profesionalización del sector es limitada para lograr producir una programación con perfil de servicio público.

Uno de los sistemas que ha crecido en cuanto a su infraestructura es la radio universitaria. Actualmente se cuenta con más de 60 radios universitarias afiliadas a la RRUM (Redacción RRUM, 2022). Aunque algunas emisoras como Radio UDEM de la Universidad de Monterrey o Radio IPN del Instituto Politécnico Nacional han despuntado, una gran mayoría se han quedado estancadas con propuestas que poco apelan al gusto de las comunidades universitarias a las que representan.

A pesar de los obstáculos de los medios no comerciales, ha habido avances importantes en algunos medios (sobre todo los federales), como la instauración de los defensores de las audiencias –figura que se ha convertido en un mecanismo de rendición de cuentas para los medios–. Si bien este es un deber tanto de las emisoras públicas como privadas, prácticamente sólo las públicas han ido construyendo maneras de hacer efectiva la labor de los defensores.

“La Mañanera”

Cada mañana de lunes a viernes, en punto de las 7 am, AMLO se dirige a los mexicanos para rendir un informe sobre sus actividades cotidianas. En el discurso matutino presidencial se abre una sesión de preguntas de reporteros, quienes viajan desde cualquier lugar del país para cuestionar al presidente o traen consigo problemáticas locales que pidan sean resueltas. El ejercicio ha abierto un debate sobre la pertinencia de los discursos: el ala crítica a su gobierno dice que no deben ser transmitidos por televisión pública nacional, porque son una forma de propaganda gubernamental, de atacar a periodistas y a grupos de poder que no están de acuerdo con él.

Mientras que un sector importante de la población afirma que se trata de un mensaje de alta relevancia nacional, mediante el cual se enteran de los verdaderos asuntos nacionales y de lo que hace el presidente cotidianamente; asimismo, afirman que los reporteros de periódicos locales de todo el país tienen la oportunidad de dialogar o cuestionar personalmente al mandatario, ejercicio que era imposible de realizar anteriormente. Lo que sí es cierto, es que la transmisión de La Mañanera se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión pública nacional (Luna, 2023) –Canal 14 tuvo un alcance promedio de enero a junio de 2023 de 313 mil 673 personas por día–.

Asesinatos contra periodistas

Los asesinatos contra periodistas continúan siendo el talón de aquiles para este sexenio en tanto es un tema que no se ha podido resolver. Es cierto que los ataques no provienen del Ejecutivo federal –en este sentido el nivel de censura ha disminuido considerablemente–, sino muchas veces de políticos o gobiernos de los estados o del crimen organizado. Aunque el gobierno federal ha instituido mecanismos de protección contra periodistas, algunos analistas piensan que no son suficientes o adecuados para respaldar a los reporteros que trabajan en zonas de riesgo (hasta la fecha, durante el sexenio de AMLO, han sido asesinados más de 40 periodistas) (Article 19, 2023; Cruz, 2023).

Mercado de las Telecomunicaciones

El mercado de las telecomunicaciones dio un viraje producto de presiones nacionales e internacionales. Para la investigadora Alma Rosa Alva, “la OCDE emitió, a petición del gobierno mexicano, un diagnóstico sobre la situación de las telecomunicaciones mexicanas (ya incluyendo en éstas a la radiodifusión)” (Alva, 2023). El documento recomendaba mayor competencia en el sector y participación externa; Alva afirma que “tal dictamen fue el punto de partida para la Reforma Telecom”, la cual se materializó en junio del año siguiente.

La reforma constituyó un acuerdo entre la clase política en el poder y los empresarios del ramo de quienes no afectó sus intereses, sino que abrió cauce a nuevos negocios. Las propuestas ciudadanas que se habían venido trabajando desde décadas atrás, se hicieron a un lado para dar paso a una visión jurídica que favorecía las conveniencias de los grandes empresarios. La reforma también significaba una revitalización de la estructura económica del país para asegurar una transición a un mercado basado en plataformas digitales. Por lo tanto, hubo voluntad tanto de los líderes del sector como del gobierno en turno para consumar dicho cambio.

En el plano de los consumidores, a diez años de la reforma Telecom, se han visto algunos avances en esta materia; sobre todo en acceso a los servicios de telecomunicaciones para la población en general. El IFT reportó 540 mil pesos de ahorro para los usuarios. Asimismo, la ley puso límites a la concentración. Sin embargo, todavía existen pendientes sustanciales, como el acceso universal de internet.
Según datos recientes (Primera década de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Pulso Noticias, Radio Educación, 22 de junio de 2023, https://www.facebook.com/radioeducacion/videos/609461954498653), los servicios de telefonía bajaron en un 30.8 %, en celular 48.7 %. Aunque todavía hay preponderancia a la compañía American Móvil (propiedad de Carlos Slim), han entrado al mercado otros operadores como AT&T, Easy, Totalplay y Megacable. Se consiguió también la eliminación de la larga distancia y el roaming nacional, así como la 5G, o la inclusión para personas con discapacidad en estos servicios. Sin embargo, aún existen candados para elegir o migrar de operador, fallas técnicas en las líneas por los cableados de cobre, y se requiere de un mayor entrenamiento del personal para realizar la conversión a la fibra óptica en los hogares.

En cuanto a la banda ancha, 87 de cada cien personas tienen acceso a la banda ancha y móvil, y cada 70 de cien hogares a la banda ancha fija. La adopción de televisión restringida subió a 61/100 en los hogares, a pesar de que el precio aumentara 28% en televisión y 18% internet. También en TV se experimentó la transición a la TV digital .

Conclusión

A pesar del salto cuantitativo en el mercado de las telecomunicaciones, todavía hay rezagos importantes que la reforma no pudo resolver. Entre ellos se encuentran, la consumación jurídica de los derechos de las audiencias en la radiodifusión, pues, ante una contrarreforma en 2017 y serie de litigios ciudadanos, estos todavía no se han podido consolidar. Lo anterior es importante, porque enmarca al concepto de los derechos de las audiencias como un derecho humano. Si bien la ley Telecom creó el sistema de medios públicos descentralizado (SPR) para poder gestionar y brindar el servicio público de radiodifusión a nivel nacional, es necesario resolver la controversia constitucional en torno a los derechos de las audiencias para institucionalizar el servicio público de radiodifusión y convertirlo en una política de Estado.

Existen otros pendientes en el campo de la radiodifusión y telecomunicaciones que se tienen que resolver a corto y mediano plazo, dado que limitan el ejercicio democrático y desarrollo social del país. Algunos de estos son:

a) La existente brecha digital a pesar de que cada vez más ciudadanos tienen acceso a las plataformas digitales y que la ley obliga al Ejecutivo encargarse del tema de la inclusión.

b) Potencializar la competencia en el sector, dado que aún hay candados que obstaculizan que algunas empresas participen.

c) La ley construyó al IFT como órgano que regula al sistema de radiodifusión y telecomunicaciones; sin embargo, este no ha podido sancionar a los concesionarios, tampoco obligar a que los medios (sobre todo los privados) creen y cumplan sus códigos de ética.

d) Los grandes empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, han evadido impuestos y los contenidos de sus medios siguen abusando de los derechos de las audiencias. Es tiempo de que se resuelva el limbo jurídico pendiente, para que se pueda sancionar a estos concesionarios.

e) En el rubro de la radiodifusión, se requiere potencializar producciones de mayor calidad y pertinencia social para sectores sociales más diversos y específicos como la niñez.

f) La profesionalización de los trabajadores de la radiodifusión debe plantearse como un elemento central para desarrollar la producción y programación de contenidos de calidad y utilidad social.

Referencias

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Lenin Martell Gámez es académico y coordinador del “Centro de escritura y cultura digital” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.